El Gobierno de Italia se blinda ante la justicia por 18 meses

El Senado discutirá la norma "del legítimo impedimento", que avala que el primer ministro no puede ser juzgado mientras ocupa su puesto

La Cámara de los diputados italiana ha aprobado este miércoles la ley "del legítimo impedimento", una norma transitoria y retroactiva que salvará a Silvio Berlusconi -y de paso protegerá a su Gobierno- de los procesos en los que está imputado hasta que se apruebe, en 18 meses, una ley constitucional de inmunidad.

La iniciativa, que ahora pasa al Senado, consta de solo dos artículos y avala que el primer ministro y sus ministros no pueden ser juzgados mientras ocupan sus puestos, "con el fin de consentirles un sereno desarrollo de sus funciones". Tras la votación -316 votos a favor, 239 en contra, y 40 abstenciones-, hubo abucheos, lanzamiento de objetos, carteles ("Casta de intocables", "Constitución violada") y bronca general.

La mayoría de centro derecha se vio forzada, dada su prisa por ratificar la norma, a aceptar decenas de excepciones a la ley que fueron propuestas de forma provocadora e imaginativa por la oposición. Así, quedan excluidas las fiestas patronales y las ferias de cada provincia italiana, las reuniones de partido, diversas tipologías conferencias de prensa o el encuentro anual de Comunión y Liberación. Todas esas citas no constituirán legítimo impedimento y no podrán ser invocadas para aplazar los juicios. La ley tampoco contempla paralizar los procesos en los que Berlusconi y sus ministros sean parte lesa.

El líder de la oposición, Pierluigi Bersani, usó tonos inusualmente duros para explicar el voto contrario de su grupo. "Hasta hoy, un primer ministro imputado que no se presentaba a un proceso debía justificar la razón. Desde mañana puede no ir al tribunal porque debe trabajar serenamente. La realidad es que Berlusconi no quiere ser procesado y entretanto deja el país encallado, bloqueado en su choque con la justicia. Estos atajos a medida generan en muchos italianos repulsión e indignación".

Fabrizio Cicchitto, portavoz de la mayoría, replicó que "la ley responde a una vieja cuestión italiana: el uso político de la justicia. La izquierda cree que es un arma más para liquidar al adversario político. Berlusconi sufre ataques permanentes desde que entró en política, el problema no son sus casos privados sino el encarnizamiento judicial".

Antonio Di Pietro, líder de Italia de los Valores, se dirigió al ausente Berlusconi: "Usted y su mayoría aprueban hoy una leyecita que es su enésima decisión inmoral e inconstitucional. Solo en un país bárbaro y dictatorial suceden cosas así. Hasta los niños se dan cuenta. Es una ley humillante para las instituciones, el Parlamento, el país y los ciudadanos. Para consumar su proyecto, obliga a venir a votar a sus ministros que no acuden casi nunca al Parlamento. La enfermedad ética de Berlusconi ha contagiado al Gobierno y puede contagiar al país entero".

La Unión de Centro (UDC), que había impulsado la ley-puente como mal menor para evitar la aprobación de la norma del proceso breve, que cancelaría miles de juicios en curso, decidió abstenerse porque la mayoría no ha retirado la propuesta aprobada en el Senado. "En un país normal, esta ley ni se discutiría. Pero por desgracia éste no es un país normal", dijo el portavoz Vietti. "El primer ministro se considera una víctima de la persecución judicial, y el Parlamento se dedica a seguir sus procesos. El rey está desnudo, y bajo proceso pone en jaque a las instituciones. Esto aparca sus juicios, no los cancela. Sin esa coartada, deberá gobernar y afrontar los problemas graves del país, no podrá escapar de la crisis con sus juicios, y deberá reformar la Justicia".

Según el jefe de filas de la Liga del Norte, Roberto Cota, no hay motivo para el escándalo. "Francia, Estados Unidos, España y Alemania tienen leyes parecidas. El Gobierno debe poder gobernar porque ha sido elegido por el pueblo para ello".

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