Una huida que toca de cerca a Evo

La huida a Estados Unidos el pasado 16 de enero del líder de la oposición boliviana, Manfred Reyes Villa, ha dejado tras de sí una estela de indignación. No solamente en su contra. También le ha salpicado al ministro del Interior, Alfredo Rada, ahora en la cuerda floja y en el punto de mira de los movimientos sociales, que piden su cabeza por permitir la escapada.

Reyes Villa, ex prefecto de Cochabamba, segundo por mucha diferencia en las elecciones generales del pasado 6 de diciembre en las que fue reelegido el presidente, Evo Morales, optó por poner pies en polvorosa y ponerse a buen recaudo tanto por el cúmulo de procesos penales abiertos en su contra como por las reiteradas advertencias del presidente de que lo quería en la cárcel, junto al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, que se encuentra detenido desde hace más un año, sin haber sido juzgado, en San Pedro, una hacinada prisión en el centro de La Paz.

Los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), una milicia campesina del altiplano, y de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia pidieron explicaciones al ministro del Interior sobre la fuga de Reyes Villa y exigieron sanciones para los responsables, aun cuando no dejaron de acusar a los "prefectos de la derecha" como supuestos colaboradores en la huida del ex prefecto de Cochabamba.

"Debe ser el ministro Rada el que explique cómo es que Reyes Villa salió del país teniendo tantos procesos de corrupción en su contra", afirmó el secretario ejecutivo de la CSUTCB, Isaac Ávalos, ahora electo senador oficialista por Santa Cruz.

El ministro Rada, que rechazó perversas insinuaciones de algunos dirigentes de los movimientos sociales, anunció un informe detallado sobre las investigaciones policiales realizadas, así como los pasos que éste dio para burlar la vigilancia y la orden judicial de libertad condicional para poder salir del país.

Los jefes policiales de Interpol y de Información fueron destituidos y serán procesados para establecer responsabilidades en la huida de Reyes Villa, y aunque en las últimas horas ha bajado la virulencia de las críticas contra el ministro Rada, la prensa local da cuenta de que su despacho ha comenzado a ser ordenado ante un probable cierre, una vez que el presidente Morales asuma su primera Administración en el nuevo Estado Plurinacional el próximo día 22.

Rada ratificó en las últimas horas su permanencia en el Gobierno pese a que el vicepresidente, Álvaro García Linera, sentenció que "todos los ministros tienen que poner sus cargos a disposición del presidente Evo antes del 22 de enero", en declaraciones a la prensa local.

La oficina de Migración de Perú confirmó que Reyes Villa embarcó el pasado día 16, en el aeropuerto internacional de Lima, en un avión con destino a Miami tras, supuestamente, salir del país por el norte boliviano frontera con Brasil.

Tanto el presidente Morales como el vicepresidente García Linera no ocultaron su frustración ni su indignación. "Estamos ante la fuga de un criminal, un delincuente, de un hombre que al fugar de la justicia aceptó su responsabilidad penal", aseguró García Linera al lamentar la falta de un mejor control "por parte de la justicia como de los servicios de inteligencia de la policía".

La actual administración de la Prefectura de Cochabamba entabló una veintena de procesos. De ellos, siete son penales por presuntas irregularidades en la licitación o ejecución de obras públicas durante la gestión del opositor a Morales.

Reyes Villa, alcalde de Cochabamba durante dos mandatos, fue elegido prefecto por amplia mayoría en la plaza fuerte del presidente boliviano, pero perdió popularidad y cayó en desgracia ante Morales cuando osó expresar su apoyo a la lucha autonómica de Santa Cruz.

En enero de 2007 fue repudiado por los movimientos sociales -aparentemente orquestados- y sufrió un dramático asalto al edificio de la prefectura, incendiado ante la pasividad de la policía, con el fin de obligarle a renunciar del cargo.

Reyes Villa, que se negó a participar en el referendo revocatorio por considerarlo inconstitucional, perdió su mandato en las urnas.

Tras admitir su derrota en las últimas elecciones generales, denunció las presiones provinientes de esferas gubernamentales sobre jueces y fiscales para que fallen en su contra. Poco después se declaró perseguido político y anunció que se pondría a buen recaudo en tanto preparase una demanda de amparo ante los foros internacionales, comisiones de derechos humanos de la ONU y la OEA, debido a la vulneración de sus derechos y a la negación de justicia en su país.

El presidente Morales reiteró en más de una ocasión, durante la campaña electoral y después de ella, que el destino de Reyes Villa era la cárcel, a pesar de que ningún juez había dictado sentencia alguna en ningún proceso. Es más, el mismo Morales amenazó con cortar cabezas en el caso de confirmarse las versiones de la salida del país de Reyes Villa, versiones que ya habían llegado a sus oídos desde el exterior.

El caso de Reyes Villa pone en evidencia la debilidad del poder judicial boliviano: el presidente de la Corte Suprema está suspendido por un juicio político; no existe el número necesario de magistrados para atender causas en última instancia; tampoco existe el Tribunal Constitucional, descabezado en los últimos años. Los sobrevivientes de esta crisis, que aparentemente perdieron la fe en el poder judicial, esperan que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe una ley rápida que permita al poder ejecutivo nombrar jueces mientras se prepara el sistema de elecciones para renovar las vacantes en toda la administración de justicia.