Colombia responsabiliza a los mandos de los delitos de la tropa

¿Les llegó la hora a los generales de responder por sus acciones u omisiones frente a los crímenes del paramilitarismo? En Colombia, la pregunta ha quedado en el aire después de algunas recientes decisiones judiciales: la condena a 40 años de cárcel al general Jaime Humberto Uscátegui por una masacre en Mapiripán y la orden de un juez de investigar a un general retirado y a un coronel del Ejército por favorecer la actividad de estos grupos de extrema derecha.

Uscátegui es el primer alto oficial condenado por lo que durante las dos décadas de actividad de estos sanguinarios ejércitos ilegales fue un secreto a voces: su maridaje con la fuerza pública. Los magistrados del tribunal que lo condenó creen que facilitó la masacre, y que le faltó mando y control sobre militares subalternos cuya complicidad con la matanza ha sido probada por la justicia.

"Es el reconocimiento del Estado colombiano y de la justicia colombiana de que, efectivamente, en la fuerza pública convivió el ethos paramilitar", dijo a este periódico Gerson Arias, investigador del centro de estudios Ideas para la Paz. Para él, el valor simbólico de la condena es grande por tratarse de un general. "Aquí no importa el rango, y el mensaje es claro: la justicia tarda pero llega".

La masacre de Mapiripán ocurrió en julio de 1997 y dejó más de 50 víctimas. Fue un primer paso de los paramilitares para conquistar el sur del país; su "limpieza de comunistas" la iniciaron en el norte. En el caserío, a orillas del río Guaviare, en los límites entre el llano y la selva, había guerrilla y coca. Los paras estuvieron allí cinco días matando a la población civil, torturando, tirando cadáveres al río... Nadie hizo nada para frenar su demencial acción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por esta barbarie.

El mismo Uscátegui, que ha dado la cara ante la prensa para defender su inocencia, cuestiona un hecho: los matones llegaron en dos aviones que salieron de un aeropuerto de Urabá, en la región Caribe, que estaba bajo el control de la fuerza pública. Uscátegui asegura que la justicia no ha investigado a otros militares que sí estuvieron implicados.

Uscátegui fue exonerado hace dos años de los crímenes por los que hoy se enfrenta a esta larga condena. Ya ha anunciado que apelará el fallo. Siempre ha alegado en su defensa que no tenía mando sobre la tropa en la zona del múltiple crimen. Su condena ha sido calificada de "histórica". Colombia, que ha sido indulgente con el generalato, se acoge ahora a la tesis de que el alto mando debe responder por los delitos de sus subalternos.

"Abre el capítulo de la relación militares-paramilitares de una manera más abierta", dice Arias, una de las personas que más ha investigado sobre este asunto. Para la justicia, el fallo es una motivación para ahondar en el tema.

Los paramilitares desmovilizados, en sus declaraciones ante la justicia, han implicado a 140 oficiales, entre los que figuran varios generales. Uno de ellos, Rito Alejo del Río, hoy en prisión acusado por el crimen de un líder campesino de Urabá, es uno de los generales más cuestionados por esta connivencia.

De lo dicho por los mandos paras, dos hechos han sorprendido a Arias. Primero, la empatía completa de algunos militares con el proyecto paramilitar: los buscaron, les llevaron listas de víctimas, organizaron operativos conjuntos, "los vieron más como aliados que como instrumentos para el combate a la guerrilla". Y la corrupción, que dio vía libre a la expansión paramilitar. Se movilizaron hombres y armas por carreteras grandes y pequeñas, y en los retenes militares nadie vio nada.