Uribe: "Romper la Constitución es dar un golpe de Estado"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Augusto Ibáñez, miente. Esta afirmación, dicha por el presidente Álvaro Uribe, da una idea de hasta dónde ha llegado el enfrentamiento de los poderes ejecutivo y judicial en el país suramericano que se inició hace más de tres años.

El jefe del Gobierno colombiano desmintió las declaraciones de Augusto Ibáñez, que publicó en una entrevista en el periódico El Espectador el pasado domingo. Entre otros asuntos, habló sobre las reuniones que han mantenido los dos poderes y en las que ha surgido el tema de los inconvenientes que tienen bloqueada, desde agosto pasado, la elección del nuevo fiscal general; hay dos versiones sobre lo ocurrido.

En septiembre pasado, la Corte Suprema declaró inviable la terna enviada por el presidente Uribe para nombrar fiscal. El Ejecutivo reemplazó entonces a uno de los candidatos, pero el alto tribunal insiste en que la propuesta es inviable.

El Gobierno sostiene que los tres aspirantes cumplen con los requisitos exigidos por la Constitución para ocupar el alto cargo. Para la Corte Suprema, sin embargo, se debe ir más allá y se debe hablar de credibilidad, confianza, independencia e idoneidad.

De las tres personas que opositan a fiscal general, por ejemplo, ninguno es penalista. Uno de ellos, Camilo Ospina, ex ministro y ex embajador, es demasiado cercano a la presidencia, y los otros candidatos no tienen los puntos necesarios para dirigir la fiscalía en uno de los momentos más críticos de la historia del país.

El Gobierno asegura que, tras el reemplazo de uno de los miembros de la terna, en una reunión Ibáñez dio por superada la inviabilidad y prácticamente dio por hecha la elección del fiscal. El presidente de la Corte Suprema asegura en la entrevista que generó la polémica que sólo invitó al Gobierno a "reflexionar". Es algo que ha repetido en otras ocasiones. "Hay que reflexionar sobre los elementos fundamentales de lo que debe ser una fiscalía", y remite a documentos sobre la independencia judicial y sobre la exigencia de idoneidad a los jueces.

Sorpesa por sus declaraciones

El tono de las acusaciones que realizó ayer el presidente Uribe causó sorpresa. "Este comportamiento, este lenguaje es impropio de un jefe de Estado y afecta la institucionalidad", comentó a EL PAÍS el ex ministro de Justicia y constitucionalista Jaime Castro.

Para él, éste es el precio de la reelección presidencial que conduce a la concentración del poder. "La Corte se ha resistido, no han podido cooptarla", dice. La Corte Suprema y la fiscalía tienen en sus manos la investigación por el maridaje de políticos y paramilitares. La mayoría de los implicados en este caso son cercanos al Gobierno. "Necesitan un fiscal de bolsillo", afirma Castro.

El enfrentamiento de los dos poderes dura ya más de tres años. El interés del alto tribunal en juzgar a los implicados en la parapolítica por delitos de lesa humanidad y su insistencia en la creación de una comisión de la verdad han generado ampollas en los últimos días.

Ayer, la pugna quedó en el terreno de palabra contra palabra. ¿A quién cree más: al presidente o a la cabeza del máximo tribunal judicial? El dilema se lo planteó la W Radio a Uribe. El jefe del Gobierno colombiano aseguró que sus declaraciones las hacía bajo la gravedad del juramento. Y fue rotundo en una afirmación: "Romper la Constitución es dar un golpe de Estado".

El presidente de la Corte, que se encuentra fuera del país, no ha respondido a las acusaciones. Pero muchos se preguntan: ¿puede el magistrado responder de igual manera y llamar mentiroso al presidente? En este nuevo capítulo, el alto tribunal parece maniatado.