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Cuba se plantea acabar con las gratuidades y el igualitarismo

El Gobierno gasta alrededor de 800 millones de dólares en subvencionar la libreta de racionamiento y al menos otros 350 millones en los comedores obreros

El gobierno de Raúl Castro comienza a dar los primeros pasos para desmontar el macro sistema estatal de subsidios y gratuidades sociales, que durante medio siglo han sido símbolo del igualitarismo de la revolución pero que hoy son apreciados como una "carga insostenible". Anualmente, el Gobierno gasta alrededor de 800 millones de dólares (545 millones de euros) en subvencionar la libreta de racionamiento y al menos otros 350 millones de dólares (239 millones de euros) en los comedores obreros, los primeros que podrían sucumbir a la nueva política de realismo económico.

Las autoridades han anunciado este viernes que a partir de la próxima semana comenzará un "experimento" en cuatro ministerios -el de Trabajo y Seguridad Social; Finanzas y Precios; Economía y Planificación; y Comercio Interior-, consistente en suprimir los comedores obreros de sus dependencias a cambio de dar una ayuda monetaria a los trabajadores. El salario medio mensual en Cuba es de 408 pesos (unos 12 euros), y el "estipendio" que se dará a los funcionarios para que almuercen por su cuenta será de 15 pesos diarios (unos 0,5 euros).

Si -como es de esperar- la medida se extiende a nivel nacional, tendrá un impacto considerable. En Cuba existen más de 24.700 comedores obreros, donde cada día comen 3,5 millones de trabajadores del Estado, una tercera parte de la población. El diario Granma comentaba hoy que el objetivo es "abrir las puertas a la racionalidad y al ahorro", y "liberar al país de una carga que no puede ni está en condiciones de seguir llevando".

Durante medio siglo, el Gobierno de Fidel Castro hizo del paternalismo estatal la fórmula para garantizar la igualdad social. Era el Gobierno, siguiendo criterios ideológicos y no económicos, el que aseguraba a la población sus necesidades: comida, ropa, educación, escuela, etc.. No importaba cuanto costara esto y si una persona era más o menos productiva en su trabajo...

Con Raúl Castro el realismo económico empieza a sustituir al paternalismo 'fidelista'. El actual presidente cubano dijo recientemente que el gasto social debía "estar acorde a las posibilidades reales". "Hay que eliminar el gasto que es simplemente insostenible, que ha crecido año tras año y que, además (...) está provocando que la gente sienta que no tiene necesidad de trabajar", afirmó.

Raúl ya ha dicho que la salud y la educación seguirán siendo gratuitas y universales, y que el sistema de seguridad social, que se lleva cerca del 20 % de los presupuestos del Estado, es prioritario. Todos los demás subsidios y gratuidades hoy están en proceso de revisión, incluida la famosa libreta de racionamiento, en vigor desde los años sesenta. Los indicios de que se pretende acabar con la famosa cartilla son cada vez más fuertes. Por ella, cada cubano recibe al mes pequeñas cantidades de arroz, frijoles, azúcar, grasas y proteínas a precios subsidiados, que alcanzan para unos quince días.

Mantener la libreta le cuesta al Estado unos 800 millones de dólares anuales; la idea, al parecer, es subvencionar ahora a las personas que más lo necesitan, no los productos. De cualquier modo, la decisión no es sencilla: con los salarios deprimidos de hoy, un golpe así para mucha gente podría resultar demoledor.

Desde que asumió el poder Raúl Castro ha tomado medidas para eliminar las excesivas cargas del Estado: hace algunos meses acabó con las vacaciones subsidiadas en la playa para los dirigentes y trabajadores ejemplares, y también con las cuotas de productos en pesos cubanos que se daban a algunas personas, como por ejemplo los recién casados. Sin embargo, todavía quedan cientos de gratuidades sin tocar, desde el derecho de cada cubano a un entierro y un ataúd gratuito al morirse, al pastel subvencionado del día de las madres. Un economista cubano opinaba: "Eliminar subsidios es necesario, pero entonces el salario debe recobrar el valor que ahora no tiene. El Estado debe dar mayores márgenes a la iniciativa privada para permitir que la gente puede salir adelante".