El Gobierno boliviano, a por los jueces

El Gobierno boliviano iniciará un proceso contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia que decidieron cambiar de jurisdicción el caso de la supuesta trama terrorista para atentar contra el Ejecutivo el pasado mes de abril. Una operación policial ejecutada y dirigida desde La Paz acabó con la vida de tres europeos, detuvo a otras dos personas extranjeras y a una decena de bolivianos bajo sospecha de estar vinculados con el supuesto grupo terrorista.

Los magistrados del máximo tribunal boliviano decidieron derivar a la Corte Superior de Santa Cruz la resolución del conflicto de competencias surgido entre un juez de esa ciudad y otro de La Paz, que está procesando el caso pese a que la operación policial, en la que tres europeos fueron abatidos en un hotel, se efectuó en Santa Cruz, al igual que las detenciones de los sospechosos, aunque después fueran trasladados a la sede del Gobierno para presentar sus declaraciones ante el fiscal Marcelo Sosa.

El presidente, Evo Morales, se mostró "sorprendido por la decisión de la Corte Suprema sobre quién tiene que juzgar a los terroristas y separatistas". Morales puso en duda las acciones de las autoridades judiciales de Santa Cruz en acontecimientos anteriores como la ocupación y saqueo de varias instituciones gubernamentales en septiembre de 2008 por grupos que reclamaron la autonomía departamental, o en la liberación de dos jóvenes detenidos con armas en las cercanías de un centro donde Morales iba a presidir un acto de masas.

El vicepresidente, Álvaro García Linera, y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, consideraron un "atropello a la legalidad" la resolución de los magistrados. Chávez mencionó como errores de procedimiento la inhabilitación previa de una de las vocales. Además, rechazó que el juez de Santa Cruz haya conocido primero la causa. Chávez dice que se han reunido dos hechos distintos: el de un atentado contra un ex asambleísta y el de la desarticulación del grupo presuntamente terrorista, encabezado por el húngaro boliviano Eduardo Rozsa.

La presidenta subrogante de la Corte Suprema, la decana Beatriz Sandoval, aseguró a la prensa local que la decisión del Ejecutivo es precipitada, pues "lo único que se ha hecho es remitir a la Corte que corresponde" la resolución del caso en el marco del artículo 311 del Código de Procedimiento Penal. "Sólo cumplimos con la ley. Parece ser que al Gobierno le molesta una investigación transparente y responsable", dijo Sandoval, que suple en el cargo al presidente, Eddy Fernández, procesado desde marzo por presuntas dilaciones procesales, denunciadas por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), empeñado en acabar con el actual sistema judicial y reemplazarlo por otro que goce de su confianza.

"Esta es una muestra del sistemático ataque del Poder Ejecutivo en su intento de desinstitucionalizar al Poder Judicial", declarcó el ex magistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera.

El temor de las autoridades gubernamentales es que este caso de presunto terrorismo pueda quedar en el olvido y en la nada. Más aún ahora, cuando la campaña electoral ha comenzado a calentar el ambiente político y se hacen necesarias banderas proselitistas para neutralizar al adversario antes de las elecciones presidenciales del próximo 6 de diciembre.

Cuatro meses después de que ocurriese el suceso, las investigaciones del fiscal Marcelo Sosa y de una comisión de diputados no han terminado aún y no se conocen de manera oficial los motivos y las circunstancias en que fueron abatidos Eduardo Rozsa, el rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Martín Dwyer.

Dos de los detenidos, el húngaro Elod Toazo y el boliviano croata Mario Tadic, permanecen encerrados en el Penal de San Pedro de La Paz. El "testigo clave" Ignacio Villa Vargas terminó fugándose tras asegurar que en la fiscalía le obligaron a declarar contra varios líderes políticos y empresarios de Santa Cruz para incriminarlos como supuestos financiadores de Rozsa y sus hombres.