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La doble tragedia de Acteal

La Suprema Corte de Justicia de México resuelve la libertad de los acusados de la matanza de 45 indígenas en Chiapas en 1997

Adivinanza de humor negro: ¿En México, qué es una verdad? Una mentira con dos testigos. La cosa sería de risa sino fuera porque, como ilustra el fallo de este miércoles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este país hay inocentes en las cárceles y en las calles, culpables. El máximo tribunal del país decretó ayer la libertad inmediata de una veintena de indígenas, acusados de masacrar el 22 de diciembre de 1997 a 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, en Acteal, municipio de Chenhaló, Chiapas.

A la barbarie de quienes perpetraron la matanza del grupo que tranquilamente rezaba aquella tarde de hace casi 12 años, siguió la de los cuerpos de "procuración de justicia". Los Gobiernos priistas de entonces, tanto el de Chiapas como el federal, presidido por Ernesto Zedillo, se vieron sacudidos: cayeron el gobernador chiapaneco y el secretario de Gobernación (ministro de Interior). Pero, lejos de comprometerse a resolver el caso conforme a derecho, la autoridad montó una farsa que ayer recibió el tiro de gracia por parte de la Suprema Corte, después de que abogados, académicos y periodistas denunciaran durante años que los procesos hacían agua por todas partes, que se habían inventado culpables, testimonios y móviles.

"No hay peor injusticia que tratar de enmendarla cometiendo otra", afirmó durante el debate de ayer en la Primera Sala de la Corte el magistrado Juan Silva Meza. La votación final fue de cuatro votos contra uno a favor de la liberación inmediata de 20 indígenas. Otros 31 podrían salir cuando se resuelva un trámite legal y a seis más se les repetirá el proceso. El fallo de los magistrados establece que muchas de las pruebas de los procesos se obtuvieron de forma ilegal y que hasta la Procuraduría General de la República (fiscalía) había inventado pruebas.

La lista de aberraciones jurídicas sería motivo de risa si uno perdiera de vista por unos segundos que decenas de familias vieron destruida su tranquilidad los últimos 11 años debido a, por ejemplo, un testigo que la primera vez que fue interrogado declaró formalmente no hablar ni escribir en castellano, para, poco después, ser el autor de una "lista de culpables" que era prolija en detalles sobre su paradero. O cómo la policía elaboró un álbum de fotografías para que sus testigos reconocieran a los que debían señalar como culpables cuando tuvieran que hacerlo dentro de las diligencias. O el juez que agregó delitos al expediente que el fiscal no había incluido. O cuando otro juez basó su resolución en Wikipedia.

El abogado Javier Cruz Angulo, quien desde 2007 lleva la defensa de los encarcelados, detalla una de las aberraciones: "El juez segundo de distrito, Martín Rangel Cervantes, basa la sentencia sobre el peritaje en balística en Wikipedia. Para llevarlo al absurdo, yo podría decir que si hubiera sabido que el juez iba a hacer eso, y como wikipedia es una página que cualquiera puede modificar, habría puesto en la misma que los procesados eran inocentes para que, basado en eso, el juez los absolviera".

Con machetes y balas, mientras oraban, en Acteal fueron abatidas 14 niñas, 4 niños, 4 mujeres embarazadas, otras 15 mujeres y 8 hombres. Se acusaba a la comunidad de ser simpatizante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Se cree que algunos de los verdaderos autores de la matanza, atribuida a grupos paramilitares financiados por el Gobierno, fallecieron en libertad.

El caso llegó a al Supremo en agosto del año pasado, cuando aceptó revisar la solicitud de amparo demandada por 57 presos. Durante su discusión de ayer, los magistrados establecieron claramente que no se puede saber si entre los que obtendrán su libertad hay alguno o algunos que sí tengan culpa, porque lo único que determinaron es que, además de violación de las garantías de los procesados, hubo invención de pruebas.

"Se dieron irregularidades en las actuaciones procesales, pruebas indebidamente recabadas, con lo que se afectó el debido proceso, y la obligación de salvaguardar las garantías individuales", argumentó el magistrado José Ramón Cossío al pronunciarse a favor de la liberación.

Fuera del tribunal el fallo fue recibido con júbilo por los familiares de los acusados y sus abogados, pero también con recelo por los líderes de la comunidad de Las Abejas, a la que pertenecían los tzoltziles asesinados: ellos, naturalmente, siguen esperando justicia.

Cruz Angulo escribió en El Universal: "Acteal es un laberinto de papel, mitos, realidades y posiciones polarizadas. Jueces y ministerios públicos fueron los arquitectos de un laberinto de más de 100 mil hojas. (...) Es una doble tragedia: por un lado tienes una abominable masacre y por el otro tienes más de 50 seres humanos encarcelados sin pruebas. Frente a la brutalidad de esa doble tragedia cobra total sentido la necesidad de que existan leyes, de que se respeten y de que se garantice la existencia del debido proceso".

"Es bueno que la Corte [Suprema] se esté involucrando en estos casos", dijo ayer Cruz Angulo a EL PAÍS. Cabe preguntarse si los 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán capacidad para resolver todo lo que cientos de jueces y magistrados no han hecho en todo el país para desbaratar casos mal presentados por otros cientos de fiscales que cada día procesan a los mexicanos.