Daniel Ortega enjuicia a su principal rival

En los juzgados de Managua se desarrolla el que es considerado el juicio político más importante de la última década en Nicaragua. El Gobierno pretende sentar en el banquillo de los acusados a Eduardo Montealegre, ex candidato a la presidencia y principal opositor de Daniel Ortega, acusado de participar en una emisión de bonos bancarios que endeudó al país centroamericano con más de 400 millones de dólares, tras las quiebras de cuatro bancos entre 2000 y 2001. Montealegre ha dicho que el juicio es una persecución política en su contra para sacarlo del escenario político nicaragüense, en momentos en que ha cobrado fuerza la idea de que Ortega quiere instaurar una dictadura familiar en Nicaragua. De momento, el juez Julio Areas Roque ha decidido, a petición de la Fiscalía, suspender la audiencia prevista para ayer aduciendo que el proceso no puede continuar dado que Montealegre hizo uso de su inmunidad como diputado.

El juez Roque anunció, asimismo, que enviará a la secretaría de la Asamblea Nacional la solicitud para desaforar a Montealegre para que participe en el proceso. Ello tendrá que ser discutido por la Junta Directiva y posteriormente votada en el plenario. Hoy hay sesión parlamentaria y se espera que los diputados se pronuncien sobre la solicitud del juez. Montealegre, por su parte, ha dado una conferencia de prensa en la que anunciaba que no asistiría al juzgado, sosteniendo que éste es un juicio político en su contra.

Un "circo" contra Montealegre

Algunos analistas han calificado el proceso como un "circo", cuya trama ha sido escrita por el Ejecutivo desde hace meses, cuando la maquinaria de propaganda del Gobierno acusó a Montealegre de ser "el ladrón del siglo" a través de anuncios televisivos transmitidos por el canal controlado por la familia Ortega.

No faltan las razones para dudar sobre la legalidad del proceso, que se inició este martes y que se extenderá hasta el viernes próximo. El juicio está presidido por el juez Julio Areas Roque, a quien la televisión local ha grabado en varias ocasiones saliendo de la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega.

Montealegre subrayó que el fiscal designado para llevar el caso es Armando Juárez, sobrino de Lenín Cerna, secretario de Organización del FSLN y uno de los personajes que dirigió la Seguridad del Estado, la policía secreta del primer Gobierno de Ortega, en los ochenta.

La oposición además acusa a Juárez de reabrir el caso dos semanas después de que el Gobierno de Estados Unidos redujera en un 35% la ayuda que otorga a este país a través de la Cuenta Reto del Milenio. Ortega responsabiliza a Montealegre de la decisión estadounidense por "desestabilizar" su Gobierno. El embajador de EE UU en Managua, Robert Callahan, confirmó entonces que su país canceló parte de la ayuda por las irregularidades registradas en los comicios municipales de noviembre pasado, donde la oposición ha acusado al Gobierno de cometer un fraude.

Horas antes del inicio del juicio, Montealegre se había reunido con su equipo de asesores legales para decidir si asistía o no a las audiencias. Como diputado de la Asamblea Nacional, Montealegre cuenta con inmunidad, por lo que no puede ser procesado a menos que el Parlamento decida retirársela, para lo que se necesitan los votos de 47 de los 92 diputados que conforman la cámara.

El político opositor considera el juicio como un "show político", cuyo fin es tapar el fraude electoral denunciado por la oposición en las elecciones municipales y que ha generado una profunda crisis política en el país. A esto se une el congelamiento de la ayuda, anunciado por Estados Unidos y también por la Unión Europea, lo que plantea un panorama oscuro para la economía más pobre de Centroamérica. "Andan buscando un chivo expiatorio y ése soy yo. Me quieren exponer a través de un circo", comentó Montealegre.

Eduardo Montealegre participó como candidato presidencial en las elecciones generales de 2006 contra Daniel Ortega, hasta entonces principal político de oposición durante los Gobiernos conservadores que gobernaron Nicaragua desde la transición democrática de 1990. Ortega ganó la presidencia con el 38% de los votos y desde el inicio amenazó con enjuiciar a Montealegre, por lo que en el país centroamericano se conoce como el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).

Los Cenis son bonos emitidos por el Gobierno de Arnoldo Alemán, que más tarde fueron renegociados bajo la administración de Enrique Bolaños. Su función era respaldar los ahorros tras la quiebra de cuatro bancos a inicios de esta década. La renegociación de esos bonos, que endeudaron al país con más de 400 millones de dólares, estuvo a cargo, entre otros funcionarios, del ministro de Hacienda, que en ese entonces era Eduardo Montealegre. El Gobierno califica como fraudulenta la emisión y renegociación de los bonos porque benefició a banqueros privados, pero Montealegre afirma que se realizó respetando las leyes financieras del país.

Junto a Montealegre están acusadas otras 38 personas. Entre ellos Jaime Chamorro, director del diario La Prensa, crítico con el Gobierno. A Chamorro se le acusa de haberse confabulado con Montealegre en el supuesto delito, porque ambos formaban parte de la junta directiva de un banco beneficiado con los bonos.

Para algunos políticos de la oposición, es necesario realizar una investigación sobre la quiebra de los bancos y la posterior deuda generada al Estado. Como afirma Edmundo Jarquín, ex candidato presidencial por el Movimiento Renovador Sandinista, disidente del FSLN, el inicio de las audiencias contra Montealegre es "una persecución judicial que se abre, congela y se vuelve a abrir, según los vientos políticos". "El tema no es únicamente jurídico. Es esencialmente político. Y la política oficial de chantajes del gobierno de Ortega, solamente se impedirá desafiándola", afirmó.