Las ayudas prometidas a Gaza quedan en cero

El 2 de marzo dirigentes de todo el mundo se dieron cita, mes y medio después de la guerra de Gaza, en el balneario egipcio de Sharm el Sheij. Se abordó primordialmente la reconstrucción de la franja en una cumbre que derivó en algo similar a una puja de Sotheby's. La Comisión Europea prometió 440 millones de euros; Estados Unidos, 716; Arabia Saudí, 787... Así, hasta un total de 3.900 millones de euros . A día de hoy, minucias han llegado a Gaza. Los escombros de las 4.000 casas y los cientos de fábricas arrasadas siguen en su lugar; decenas de miles de personas viven en tiendas de campaña, y nada se puede edificar. Sin cemento y sin metales -Israel y Egipto impiden el comercio con el territorio-, el Ejecutivo de Hamás se plantea soluciones del pasado: mezclar barro y paja. Gaza vuelve al adobe.

"Sólo India ha donado entre 10 y 15 millones de euros. La UE aporta un dinero mensualmente que se destina a comprar combustible para la central eléctrica de Gaza, para pagar a funcionarios dependientes de la presidencia palestina (con sede en Ramala), pensiones y para ayudar a las familias pobres", asegura un diplomático europeo. En total 78.000 beneficiarios. Ni un euro cae en manos del Gobierno islamista. Pero ni por esas. Israel rechaza canalizar a través de los bancos las remesas necesarias de los donantes, y hoy mismo los vecinos de los kubutzim cercanos a Gaza han tratado de bloquear el envío de las remesas. "Hacemos las transferencias electrónicas, se adoptan todas las medidas para evitar el blanqueo de dinero, pero no hay billetes para pagar a esas personas", añade el diplomático.

Que ocurra en la franja, territorio gobernado por Hamás, obedece al bloqueo que padece el territorio desde febrero de 2006 -tras su triunfo en las elecciones generales-, y agravado a partir de junio de 2007, cuando el movimiento fundamentalista expulsó a las fuerzas de seguridad leales al presidente, Mahmud Abbas, de Gaza. Desde entonces, Israel, Estados Unidos, la UE y Egipto apoyan políticamente el asedio económico. Se trata de doblegar a Hamás, que reconozca a Israel, que renuncie a la violencia, y que se comprometa a cumplir los acuerdos previos firmados por la OLP con Israel. El precio lo paga el millón y medio de habitantes del territorio ocupado, alrededor del 60% de ellos menores de edad. Las promesas de Sharm el Sheij han caído en saco roto.

Una decena de ONG defensoras de los derechos humanos -palestinas e israelíes- han salido a la palestra para denunciar la desidia de los donantes, tan gustosos de aparecer a la hora de anunciar los desembolsos. "Al aceptar la reconstrucción sin que haya garantías vinculantes por parte del Estado de Israel, los donantes están financiando las acciones ilegales en los territorios ocupados... La ayuda por sí sola no puede resolver el conflicto. Sin exigencias concretas a Israel, seguirán apoyando un ciclo interminable de ayuda-destrucción-ayuda-reconstrucción".

Existen fórmulas para que los miles de particulares pudieran reconstruir sus casas sin que los fondos pasaran por Hamás. Si llega el dinero, aunque sea parcialmente, de las pensiones y los sueldos de los empleados de la presidencia palestina -a través de un mecanismo engrasado por la UE que aísla a Hamás-, también podría entregarse para levantar las viviendas derruidas. Pero ni Israel ni Egipto, que sostiene una guerra no declarada con Hamás, parecen dispuestos. La conclusión es evidente. "Si no termina el asedio a Gaza, no habrá reconstrucción, y tampoco sin un acuerdo entre los partidos palestinos. Para que los recursos se destinen a Gaza el ambiente político debe cambiar", asegura Mohamed Shtayeh, director del Consejo Económico Palestino para la Reconstrucción y el Desarrollo, dependiente de la presidencia.

En Cisjordania, bajo control de Al Fatah y de Abbas, tampoco las cifras de los donantes cuadran. A mediados de diciembre de 2007, tres semanas después de la conferencia de paz de Annapolis, se celebró en París una conferencia internacional. Se anunció entonces la aportación de más de 5.000 millones de euros para Cisjordania y Gaza. Quince meses después se celebró otra en Sharm el Sheij. "Hay dinero que se contabiliza dos veces. Los donantes en Sharm el Sheij incluyen los fondos que ya habían prometido en París", comenta Shtayeh.

Al margen de las ayudas a Gaza, los vericuetos de las donaciones son infinitos. "Suecia, Noruega, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait suelen dar el dinero sin condiciones", apunta un consejero de Abbas. Los demás donantes, después de la puja, comienzan a poner condiciones. Unos exigen que haya progresos reales en el proceso de paz, siendo esos países quienes deciden si hay avances; Qatar exige la reconciliación entre Hamás y Al Fatah; Estados Unidos, la mayoría de los Estados europeos y Japón demandan que se contrate a sus empresas para la reconstrucción. Conclusión: el primer ministro, Salam Fayad, también rival de Hamás, las pasa canutas para pagar los salarios a los funcionarios cada fin de mes. Los retrasos en el abono son frecuentes.

"Los ministros de Exteriores hablan con sus ministros de Hacienda y les piden 100, pero éstos les dicen que no hay tanto dinero y la cantidad se reduce a 80. Más tarde viene a Palestina la delegación y elige un proyecto. Se firma un contrato para construir un colegio por una cantidad de dólares, pero ese año sólo se invierte la mitad, y la otra mitad al año siguiente. Posteriormente llega un consultor del país donante para supervisar el proyecto, y también hay que pagarle con los recursos del proyecto. Finalmente, en la economía palestina sólo se invierte el 20% de lo prometido", afirma el asesor del presidente Abbas.

"Es un dinero político para apoyar el proceso de paz. Cuando no hay proceso, no hay dinero", añade Shtayeh. Y del que sale muy beneficiado Israel, al que correspondería asumir la carga financiera como Estado ocupante. "Los donantes están animado implícitamente a violar el derecho internacional", subrayan las ONG. Entre los académicos palestinos, crecen las voces que abogan por disolver la Autoridad Palestina para que el Gobierno israelí afronte el problema.