Hugo Chávez suspende a las cuatro jueces que se habían reunido con la oposición
Organizaciones no gubernamentales denuncian una falta de independencia en el poder judicial venezolano
El Gobierno venezolano ordenó ayer la destitución de cuatro mujeres jueces por haberse reunido en secreto con el líder de la oposición venezolana y alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, quien actualmente se enfrenta a un juicio por corrupción tras haber sido acusado la semana pasada por la fiscalía.
El Circuito Judicial Penal de Zulia (oeste del país) informó de que las magistradas Irasema Vílchez, Doris Cruz, Guadalupe Sánchez y Luisa Rojas han sido suspendidas de sus cargos y sueldos. El diputado oficialista Calixto Ortega explicó que las jueces se habían "apartado de toda regla que les obliga a la imparcialidad" al reunirse con Rosales.
Al líder opositor se le acusa de, entre otras cosas, haber entregado unos 31 millones de dólares (unos 22,6 millones de euros) a la empresa RT International Group. También se le imputa un delito de evasión fiscal al no haber declarado unos 8,8 millones de dólares (unos 6,4 millones de euros) y por haber regalado un coche del Estado de manera ilícita.
El anuncio ha coincidido con la denuncia de organizaciones no gubernamentales que señalan una falta de independencia en el Poder Judicial venezolano, que, según explicaron, emite sentencias favorables al Gobierno y retrasa los procesos de quienes se enfrentan al Ejecutivo.
La Red Venezolana de Activistas por la Paz (Revapaz) y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, en inglés) presentaron un informe en Washington dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En él documentan la falta de independencia y señalan además que la intervención del Gobierno de Hugo Chávez en el Poder Judicial es "sistemática" desde el año 2000.
Explicaron que, en ocasiones, la Sala Constitucional del Supremo se pronuncia sobre la constitucionalidad de una futura ley antes de que ésta resulte aprobada por la Asamblea Nacional, la cual después utiliza la opinión del Alto Tribunal para justificar la legalidad de la medida promovida por el Gobierno.
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