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Obama anula todas las órdenes de Bush al margen de la ley

El presidente norteamericano firma una orden que invalida todas las instrucciones impartidas por George W. Bush en relación con el uso de la tortura, las escuchas ilegales y otras medidas de dudosa legalidad

En un nuevo y relevante paso para poner fin a la era Bush, Barack Obama ha anulado de hecho todas las órdenes dadas por su predecesor al margen de la ley y ha eximido de su cumplimiento a las agencias del Gobierno. El presidente norteamericano firmó el lunes una orden que invalida todas las instrucciones impartidas por George W. Bush en relación con el uso de la tortura, las escuchas ilegales y otras medidas de dudosa legalidad puestas en marcha durante la guerra contra el terrorismo.

"Las declaraciones firmadas no deben ser utilizadas para que el presidente desatienda las exigencias legales con la excusa de diferencias políticas", afirma la orden emitida por Obama. Las llamadas declaraciones firmadas son un instrumento, cuya legalidad está en discusión, que los presidentes han utilizado de forma muy esporádica desde hace más de un siglo. Se trata de un documento escrito por el que el presidente autoriza a los funcionarios del Estado a ignorar determinados apartados de una ley que él considera inconstitucionales. Numerosos juristas se han pronunciado desde hace tiempo en contra de esa práctica, que podría sobrepasar los poderes que la Constitución otorga al Ejecutivo frente al Legislativo; esto es, firmar o vetar las leyes que el Congreso ponga sobre su mesa.

Con las declaraciones firmadas no se veta toda la ley, pero se impide el cumplimiento de alguno de sus apartados o se crean excepciones que pueden permitir ignorarla. Por ejemplo, Bush firmó la ley de 2005 que prohibía el uso de la tortura, pero emitió a continuación una "declaración firmada" que autorizaba a los empleados del Gobierno a desobedecerla en determinadas circunstancias. De esa forma, Bush esquivó más de un millar de disposiciones aprobadas por el Congreso, más del doble que todos sus predecesores juntos. Bush había, en realidad, convertido el instrumento de las declaraciones firmadas simplemente en una maniobra de uso común para saltarse la ley.

Obama ha ordenado ahora que, antes de obedecer lo que digan esas declaraciones -que siguen todavía, técnicamente, en vigor-, cualquier funcionario consulte antes a la fiscalía general. Aunque en el caso de la tortura y otros, la situación ya ha sido esclarecida por Obama con nuevos decretos, esta última decisión del presidente supone la liquidación de hecho del régimen excepcional montado por Bush.

Es, por tanto, una decisión que ha satisfecho a los amantes de la ley. Una satisfacción que no es, sin embargo, completa porque Obama no ha llegado a poner fin para siempre a una práctica que se presta a los abusos cometidos en estos últimos años. Obama se reserva el derecho a las declaraciones firmadas, pero promete usarlas sólo de forma muy extraordinaria.

La explicación que la Casa Blanca ha dado para el mantenimiento de este recurso es la de que, con los métodos legislativos actuales, son frecuentes los casos de leyes que el presidente apoya pero que llegan al Despacho Oval con una larga lista de resoluciones añadidas con las que el jefe del Ejecutivo no está de acuerdo. En esos casos, la opción firmar o vetar podría ralentizar enormemente el proceso.