La Junta militar de Myanmar libera a una docena de prisioneros políticos
La amnistía general, que beneficia a 6.000 prisioneros, incluye a cinco monjes budistas arrestados en 2003
Al menos doce "prisioneros de conciencia" -eufemismo con el que se denominan a los presos políticos- han quedado libres este sábado gracias a la amnistía general dispuesta por la Junta militar de la Unión de Myanmar (Birmania), según informaron fuentes de la oposición y activistas de derechos humanos. El régimen había anunciado la liberación de 6.000 prisioneros el pasado viernes, después de la visita de cinco días de Tomás Ojea Quintana, comisionado especial de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Birmania. Durante su gira, Ojea Quintana concurrió a la prisión Insein, en Yangon -la capital de Myanmar-, para dialogar con un grupo de presos políticos.
"Hasta lo que podemos confirmar, la amnistía ha alcanzado a una docena de opositores, entre ellos cinco monjes budistas", ha explicado ayer un activista de Yangon. Los otros presos "de conciencia" pertenecen a la Liga Nacional para la Democracia que lidera el Nobel Aung San Suu Kyi. Esta líder de los disidentes, arrestado en mayo de 2003, engrosa la lista de 2.162 prisioneros políticos y religiosos que se cree que existen en Myanmar, dato que la Junta militar, en el gobierno desde 1962, niega sistemáticamente.
Entre los beneficiados por la amnistía general está Thet Wai, miembro de la Liga Nacional para la Democracia sentenciado a dos años de cárcel en 2008 por denunciar casos de labores forzadas en la Organización Internacional del Trabajo.
Gesto de consideración
La televisión estatal MRTV dijo el viernes que la Junta concedió la libertad a los presos en un gesto de "consideración hacia sus familias" y como prueba de la voluntad de cumplir la hoja de ruta para alcanzar la democracia, que los gobiernos occidentales han calificado reiteradamente de farsa. Los grupos de derechos humanos acusan al régimen de Myanmar de intentar eliminar a toda la oposición política antes de las elecciones de 2010.
Los tribunales especiales han condenado a disidentes a cumplir penas de prisión de hasta 65 años de duración. Los líderes más detacados han sido enviados a cárceles ubicadas en sitios recónditos de Myanmar, condición que imposibilita la visita de familiares o el envío de comida y medicinas.
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