Vivir bajo amenaza de muerte

"Me vine para salvar mi vida". De esta manera comienza su intervención en Madrid Nancy Fiallo, defensora de derechos humanos colombiana, quien ha huido de su país, bajo la protección de Amnistía Internacional, debido a las amenazas constantes de grupos paramilitares y de las fuerzas de seguridad.

"Para Uribe, todos los defensores de derechos humanos somos terroristas y defensores de las FARC", afirma Fiallo, quien con casi 20 años trabajando por la defensa de los derechos de la población civil, ha sido víctima de constantes amenazas telefónicas, allanamientos de la sede donde operaba y "visitas inesperadas" de altos mandos militares haciendo preguntas y sustrayendo información.

"Tenemos miedo, pero tenemos que ser fuertes para acompañar a la población civil. La gente busca justicia", afirma Fiallo, quien se queja de que en su país, a los defensores se les ve como contrarios a la paz.

Si bien, explica, el gobierno de Álvaro Uribe ha organizado una oficina de protección para los defensores y sindicalistas, con la facilidad de tener coches blindados, chalecos antibalas y algún tipo de protección "todo esto pudiera evitarse si el presidente Uribe dijera públicamente que respeta nuestra labor, el gobierno debería dar un respaldo político a nuestra gestión".

Fiallo, quien contó como hace cinco años su familia tuvo que salir del país rumbo a Canadá después de que su vivienda fuera atacada dos veces por ráfagas de ametralladora, muestra su preocupación porque después del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, alguno de ellos se están reagrupando y reanudando sus actividades.

Dice que hay un grupo que se autodenomina Águilas Negras que tiene una lista de defensores "que van a desaparecer". De hecho, cuenta que hace cuatro días varias agencias de cooperación en Europa recibieron un correo electrónico de este grupo de que extenderán su brazo ejecutor para callarles.

Fiallo llegó a España hace 20 días. Muchos otros compañeros, cuenta, se han asilado en Canadá, Argentina, Uruguay y Chile.

"Nos ven como que no queremos la paz, porque hemos atacado el proceso de desmovilización de los paramilitares, porque no creemos en él", dice Fiallo a ELPAÍS.com

Pero lo cierto es, afirma, que de los 31.000 paramilitares desmovilizados sólo 116 están siendo juzgados por sus crímenes y aún no se ha producido la primera reparación monetaria a algún familiar de víctimas de la violencia interna.

"El Gobierno quiere pasar la hoja y que olvidemos porque hay que construir una nueva Colombia. El problema es la verdad, quién dio la orden para las matanzas".

A partir de ahora, y con la protección de AI, Fiallo se dedicará a recorrer Europa en busca de apoyo y "seguir trabajando con Colombia desde aquí".