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El Senado estadounidense aprueba la Ley de Escuchas Telefónicas propuesta por Bush

La medida supone la mayor ampliación de la legislación de vigilancia en 30 años

Por una diferencia de 41 votos, el Senado estadounidense ha aprobado la Ley de Escuchas Telefónicas que permite al gobierno aventajarse en la batalla abierta a los demócratas en seguridad nacional. La orden, de carácter retroactivo, permite la inmunidad legal de las compañías telefónicas que apoyaron al Gobierno en su programa nacional tras el ataque terrorista del 11 de septiembre y las libera de más de 40 demandas millonarias por violación de la privacidad.

La medida moderniza la Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros (FISA) de 1978 que no contenía actuaciones sobre las nuevas tecnologías de comunicaciones como móviles, Internet y correo electrónico. En 30 años, Estados Unidos no ha vivido una ampliación de estas características en el marco de la vigilancia.

Entre la protección nacional y los derechos civiles

La propuesta del presidente estadounidense, George W.Bush, ha mantenido un intenso debate político y social durante más de año y medio para equilibrar la protección nacional frente a un ataque terrorista con las libertades civiles. Esta Ley era la única en la que los demócratas habían mantenido una fuerte oposición. El partido demócrata defendía una renovación de la Ley de 1978 pero proponía límites para evitar las escuchas sin autorización judicial como pretendía el programa de Bush en 2005. Esta idea fue rechazada por la FISA que determinó que las autoridades debían obtener un permiso antes de realizar cualquier tipo de escuchas o el registro de viviendas de sospechosos de terrorismo.

El Poder Ejecutivo tiene ahora un campo más amplio para vigilar a los extranjeros con sospechas terroristas y se reduce el trabajo de una corte secreta de la inteligencia en la supervisión de algunas operaciones. La iniciativa autoriza, ya de forma legal, las escuchas sin permiso judicial, sean de estadounidenses o de extranjeros. Los defensores sostienen que el plan representa una salvaguardia para proteger las libertades civiles de los americanos.

Tras la aprobación de esta ley en el Senado, la medida volverá a la Casa Blanca para ser ratificada. Bush ha prometido firmarla pronto y ha asegurado que "ahora es más fácil proteger a los ciudadanos estadounidenses".