"Las balas se limpian con alcohol"

Estaba todo preparado para recoger pistolas de plástico, escopetas made in China y cuchillos de goma. A cambio, había un arsenal de balones de futbol, cuadernos y juguetes inofensivos. Hubo algún discurso, presencia de autoridades, cooperantes internacionales y fotógrafos listos para dar cuenta del acto simbólico en Los Cuadros de Goicoechea, un problemático barrio en el norte de la capital costarricense, San José.

Pero los organizadores no contaban con lo previsible. Francisco, un escolar atraído por los juguetes nuevos, halló en un rincón de su casa algo que entregar a cambio: llegó con un puñado de balas verdaderas que dejó boquiabiertos a todos. Sin sobresaltarse, explicó que eran proyectiles propios de un revólver calibre 22 y, por si había dudas, explicó con soltura que para limpiar las huellas digitales de la munición es mejor usar un trapo de franela con alcohol.

A sus 10 años, sabía más de armas que muchos de los organizadores del acto protocolario, enmarcado en la Semana Mundial contra la Violencia Armada. Y no era el único. Otros compañeros suyos de la escuela llevaron cuchillos reales, armas comunes en los crímenes que cada semana llevan a Los Cuadros de Goicoechea a las páginas de sucesos de los diarios, unas páginas cada vez más negras en un país donde el incremento de la violencia ya representa la mayor preocupación.

Unicef, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno costarricense se han propuesto hacer frente al problema desde la raíz. Para ello, han montado un programa de visitas a escuelas en barrios marginales donde los niños juegan con armas falsas y, cuando no las consiguen, se familiarizan con las de verdad, cuya existencia en Costa Rica crece tanto como el estado de nervios. "En este país, todo el mundo está armado", reconoció hace seis meses el entonces ministro de Seguridad, Fernando Berrocal.

Las intenciones del Gobierno van más allá de los juguetes. El Ministerio de Justicia anunció este año sus intenciones de otorgar beneficios económicos a los ciudadanos que entreguen armas, sin importar si están registradas o no. Aún no está depurada la idea, pero el afán es revertir el incremento de posesión de armas registrado desde el año 2000. Costa Rica, un país de 4,5 millones de habitantes, cuenta con 150.000 armas de fuego inscritas, pero se sospecha que circulan más de 300.000 en los túneles del mercado negro gracias a asaltantes y narcotraficantes, mayores o menores de 18 años, según fuentes policiales.Por eso, los costarricenses, que ven cómo los índices de violencia e inseguridad en el país se acercan cada vez más a sus violentos vecinos de Centroamérica, han comenzado ya aceptar de buen grado la idea de tomarse la justicia por su mano, a pesar del discurso pacifista y antiarmas del Gobierno que preside Óscar Arias, premio Nobel de la Paz. Los clubes de entrenamiento de tiro están más llenos que nunca de personas que tuvieron una mala experiencia con el hampa y ahora están dispuestas a enfrentarse a ella con fuego.

Proyectos de reformas legales (atascadas entre cientos de expedientes en el Congreso), campañas publicitarias, reforzamiento de operativos policiales y discursos presidenciales forman parte de la estrategia oficial para aplacar el aumento del arsenal que llega a través de las permeables fronteras de Costa rica, pero también para atajar los casos de quienes aprovechan los márgenes legales para matar alegando defensa propia.