La UE lleva a Italia al Tribunal por la basura de Nápoles
La Comisión envía también una primera advertencia a Roma por la ausencia de planes de gestión de residuos
La Unión Europea llevará a Italia al Tribunal por no poner fin a la crisis de la basura que ha dejado a la ciudad de Nápoles sumergida en residuos. Según la Comisión, Italia ha incumplido la directiva europea sobre la gestión de basuras, y además ha enviado una primera advertencia a Roma, ya que la región de Lazio, en el centro del país, tampoco ha adoptado las medidas para manejar los desechos.
En el caso de la región de Campania, cuya capital es Nápoles, Bruselas reconoce que la "crisis inmediata" sufrida en 2007 ha sido superada, tras la designación de una autoridad especial y la retirada de los desechos que se amontonaban en las calles de los municipios de la región. Sin embargo, considera que estas medidas no bastan "para afrontar los problemas de Campania a largo plazo y evitar los sucesos inaceptables vistos durante el pasado año", según un comunicado.
La región adoptó un programa de residuos el pasado diciembre, pero el Ejecutivo comunitario desconfía porque el anterior, aprobado hace más de diez años, "nunca llegó a aplicarse adecuadamente". En su opinión, Campania sigue lejos de contar con un sistema global de recogida, tratamiento y vertido de los residuos y sus autoridades ni siquiera han sido capaces de establecer "calendarios claros" para la instalación de las infraestructuras necesarias.
Por ello, la Comisión ha decidido denunciar a Italia por incumpimiento de la directiva marco sobre gestión de residuos, que obliga a los Estados de la UE a garantizar una recogida de basuras sin riesgos para la salud humana, disponer de las instalaciones necesarias para ello y prohibir los vertidos incontrolados.
Por otra parte, el Ejecutivo comunitario ha decidido hoy enviar al Gobierno italiano una carta de apercibimiento, primer paso en los procesos de infracción, por no haber acatado la sentencia judicial que obliga a la región de Lazio a dotarse de un nuevos planes de gestión de residuos. Si las autoridades italianas no respondiesen de manera satisfacoria, Bruselas podría pedir al tribunal que impusiese a Italia sanciones económicas.
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