Colom, ante el dilema del veto a la pena capital

La polémica que se ha instalado en Guatemala desde que el Congreso (legislativo y unicameral) decidiera, a mediados de febrero, devolver al presidente de la República la potestad del indulto como último recurso para salvar la vida de los condenados a muerte, ha hecho que el mandatario guatemalteco, Álvaro Colom, que se confiesa "humanista", haya dejado filtrar a los medios locales la posibilidad de que, antes del próximo jueves ?13 de marzo, fecha límite establecida?, vete una ley que vuelve a poner en vigor la pena capital en esta nación centroamericana.

Aunque contemplada en la Constitución, la pena de muerte no se aplica en Guatemala desde el año 2000, cuando el entonces mandatario, Alfonso Portillo, consiguió que el Tribunal Constitucional declarara al margen de la Carta Magna la capacidad del presidente para decidir sobre la vida o muerte de un reo, por encima de la decisión colegiada de los jueces. Desde entonces, una treintena de condenados espera en el corredor de la muerte, ante el vacío legal que dejó la decisión del máximo tribunal.

La nueva ley ha puesto a Colom en una encrucijada. Por una parte, los sectores más conservadores del país no tienen el menor empacho en exigir la inmediata aplicación de la pena. A esta postura se suma un buen porcentaje de la población, un 97%, de acuerdo a una encuesta del matutino Prensa Libre. En el otro plato de la balanza, organizaciones humanitarias, las iglesias católica y evangélicas y la Unión Europea han pedido al presidente que vete la ley.

Consultado al respecto, Mario Polanco, director de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM, el equivalente local a las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina), dijo a EL PAÍS que, en este tema, Colom muestra un cierto grado de incoherencia, algo que parece ser un marchamo de su presidencia al inicio de la legislatura. "Demuestra mucha inconsistencia en el tema de derechos humanos", asegura Polanco. Recuerda que el mensaje enviado por Colom a través de su grupo parlamentario fue el de que "no le temblaría la mano a la hora de ratificar una sentencia de muerte".

Para Polanco, la indecisión con respecto a vetar a no la ley, "es una muestra más de la debilidad con que se está haciendo Gobierno". Añade que, como organización que defiende la vida, el GAM está en contra de la pena de muerte, "pero también estamos a favor de que la ley se aplique de manera correcta", añade. "En consecuencia, el presidente Colom debería promover ante el Congreso la derogación de la pena de muerte, dado que la propia Constitución deja esa potestad a una legislatura ordinaria".

El gran problema de Guatemala es la debilidad extrema del Estado, que se traduce en la impunidad que rodea los crímenes. De acuerdo a la paquistaní Hina Jilani, enviada especial del Secretariado General de la ONU, "en Guatemala, el 98% de los crímenes queda sin castigo". Las estadísticas son estremecedoras: en 2006, fueron asesinadas 5.885 personas; en 2007, la cifra llegó a 4.620.

Para contrarrestar los altos índices de criminalidad, Colom se fijó un plazo de 100 días, a partir de su toma de posesión, el 14 de enero. Pasado el ecuador de ese plazo, éste se perfila poco realista, de acuerdo a un estudio del GAM. Según Mario Polanco, en los primeros 50 días de la gestión del nuevo Gobierno, 344 personas han sido asesinadas. Entre las víctimas se contabilizan 39 mujeres, ocho niñas y 12 niños, "lo que refleja que la situación ha empeorado, si se la compara con los últimos 50 días de la Administración de Óscar Berger", presidente hasta el 14 de enero.

El activista humanitario muestra preocupación al denunciar que "continúa la práctica de la limpieza social", eufemismo que esconde las ejecuciones extrajudiciales; puntualiza que "no es una política de Estado, aunque es innegable la participación de sus agentes en estos crímenes".