Posada Carriles calla y aguarda

La justicia suele ser lenta la mayoría de las veces, pero en el caso del anticastrista cubano, y también nacionalizado venezolano, Luis Posada Carriles, adquiere tintes de récord histórico. Posada, acusado de terrorismo y de más de 50 atentados desde que la revolución cubana cambió su vida hace casi 50 años, cumplió el pasado 15 de febrero los 80 en Miami. Está pendiente aún de la apelación de la sentencia que le exculpó de violaciones migratorias el año pasado tras pasar dos años en la cárcel, y, sobre todo, de otro proceso mucho más grave. Puede abrirse contra él en cualquier momento un juicio en New Jersey por ser el supuesto inductor de los atentados con bombas en hoteles de La Habana que costaron la vida a un turista italiano en 1997. Es el centro de una batalla no sólo judicial, sino política, que se dirime también en el Congreso. Ante la intervención de congresistas pidiendo su procesamiento, su defensa ha apostado también por la vía política, aparte de la judicial, para contraatacar. Todo a dos bandas. Exagerado, como el protagonista.

El anciano ex miembro de la CIA y de distintos servicios de inteligencia en Centro y Suramérica, debe su protagonismo no sólo a su "dilatada carrera", sino al que le ha dado el propio Fidel Castro, contra el que intentó atentar en Panamá en 2000 y que le tiene como uno de sus enemigos más odiados. Ello ha arrastrado también la propaganda de este militante anticomunista siempre sospechoso para muchos cubanos, incluso exiliados jóvenes, de estar detrás del brutal sabotaje del avión de Cubana de Aviación que estalló en el aire cerca de Barbados el 6 de octubre de 1976 con 73 personas a bordo. Él lo ha negado, pero huyó de la cárcel en Venezuela cuando esperaba el juicio. En Panamá fue indultado por la entonces presidenta, Mireia Moscoso, antes de dejar el cargo, lo que provocó la ira cubana, y recientemente se han depurado responsabilidades de distintos funcionarios policiales por corrupción en su caso.

Venezuela ha pedido su extradición desde 2005, y su procesamiento, como Cuba, algo en lo que parecen coincidir el propio Gobierno estadounidense y congresistas con posiciones afines. Posada es una auténtica "patata caliente" y un "arma arrojadiza" desde hace muchos años en las complejas relaciones cubano-estadounidenses y ahora, venezolanas. Incluso en las calles de Miami ha habido varias manifestaciones pidiendo su enjuiciamiento como terrorista por parte de distintas organizaciones procubanas, que han acabado en enfrentamientos con el exilio más ultra.

Los abogados del Departamento de Justicia de EE UU, tras haber pedido dos prórrogas, apelaron a última hora ante el tribunal del 5º Circuito de Nueva Orleans, el 5 de noviembre, el fallo de la juez federal Kathleen Cardone, que exculpó el 8 de mayo en El Paso (Tejas) a Posada por mentir a los funcionarios de inmigración. Cardone hizo entonces un alegato en el que acusó al Gobierno de incurrir en "fraude, engaño y trucos" cuando le entrevistaron a su llegada, y declaró que no iba a admitir intromisiones políticas.

Posada seguía así sin respiro y, además, entró de lleno la política. El congresista demócrata por Massachussets William Delahunt llevó su caso ante el subcomité de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Ya había escrito a primeros de mayo al entonces secretario de Justicia, después destituido, Alberto Gonzales, quejándose porque no se había calificado a Posada como "un terrorista extranjero ni se le había detenido como tal". El congresista lidera el grupo de legisladores a favor de abrir la mano con Cuba. Junto al republicano por Arizona Jeff Flake, han planteado distintas iniciativas para suavizar el embargo y estuvieron entre los 10 congresistas que visitaron la isla en diciembre de 2006.

Arturo Hernández, abogado de Posada, reaccionó tras la apelación y la campaña de Delahunt anunciando un cambio de táctica: "Esto indica que el Gobierno va a mantener la persecución de una persona de 80 años cuyo único crimen es querer la libertad de Cuba y que entró en el país con la única intención de reunirse con su familia. Todo es una consecuencia de la ofensiva mediática en Washington de los Gobiernos de Cuba y Venezuela. Ellos están oyendo las voces de las personas que están en contra de Posada Carriles, que repiten todas las difamaciones, y creo que lo justo y lo correcto es que él tenga alguien que lo pueda representar ante el Congreso. No vamos a defenderlo sólo en los tribunales, sino también en los medios de comunicación y en la Cámara". Ya ha tenido algún resultado. El congresista republicano por California Dana Rohrbacher, miembro del subcomité donde está el caso Posada, salió en su defensa en una carta dirigida el 30 de enero al Comité de Asuntos Exteriores. En ella, decía que Posada "nunca admitió su participación personal en el atentado del avión de Cubana de Aviación". Negaba así lo declarado por el periodista Blake Fleetwood en una audiencia del subcomité del Congreso el 15 de noviembre tras escuchar la grabación de una entrevista que le hizo en 1977 en The New York Times.

Ha sido un pequeño bálsamo para el anticastrista, pero nada más. Su mayor problema está siempre en el caso de las bombas en los hoteles de La Habana investigado por un juzgado de instrucción de New Jersey. Las autoridades federales tienen la evidencia de que Posada mandó dinero para financiar la operación, el FBI posee conversaciones telefónicas grabadas (y publicadas en el diario oficial Granma) facilitadas por la inteligencia cubana en una colaboración "muy sintomática" y, sobre todo, él mismo declaró en 1998 estar detrás de los atentados a otra periodista de The New York Times, Ann Louise Bardach. Ahora, desde el pasado mayo, calla por consejo de su abogado y espera lo que le puede caer aún. Hernández dice por él: "Tiene mucho en riesgo para exponerse en entrevistas".