Costa Rica rompe el monopolio estatal de las telecomunicaciones

El histórico monopolio estatal en el negocio de las telecomunicaciones ha acabado en Costa Rica. La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles las reglas de un mercado abierto a la inversión privada en servicios como Internet y telefonía móvil, sectores que hasta ahora manejaba el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con precios inferiores al resto del continente, aunque con una calidad cuestionada.

La Ley Marco de Telecomunicaciones logró avanzar en el alambicado Congreso costarricense con el apoyo de 36 diputados, todos miembros de una coalición que el Gobierno del Óscar Arias ha logrado forjar con mil y una dificultades. En contra votaron 19 legisladores: los 17 de la segunda fuerza política del país, el Partido Acción Ciudadana (PAC), más dos congresistas de sendos partidos minoritarios, incluido José Merino, el único que se declara izquierdista en este país alérgico a la izquierda.

Grandes consorcios trasnacionales de las telecomunicaciones han expresado ya su interés en entrar a este país de cinco millones de habitantes.

Antes, sin embargo, la nueva ley debe ser revisada por el tribunal constitucional y aprobada en segundo debate en el Congreso. Después, empezaría a contar el tiempo para una apertura que el Ejecutivo insiste en calificar como "gradual" y "regulada", en la cual el ICE se mantendría como actor predominante.

Alrededor de 1,7 millones de costarricenses tienen teléfono celular y aproximadamente un millón cuenta con acceso a Internet, cifras apenas aceptables para una economía que intenta basarse cada vez más en la alta tecnología y requiere mayor competitividad. Las autoridades reconocen, sin embargo, que la entrada de operadores privados incrementará las tarifas, ya que con el monopolio un minuto de teléfono móvil cuesta menos de 10 centavos de dólar y el servicio de Internet más caro llega a 25 dólares mensuales. Esto carga de razones a los que se oponen a la apertura para mantener su lucha en medios alternativos y celebrar esporádicas manifestaciones callejeras.

La apertura, con todo, no contó esta vez con el fuerte rechazo que se registró en el año 2000, cuando un paquete de leyes apodado Combo del ICE debió ser desechado debido a las multitudinarias protestas y enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades, durante el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, ahora investigado por supuestos sobornos por parte del consorcio francés Alcatel.

La ruptura del monopolio del ICE, la mayor institución autónoma del Estado, con casi 15.000 empleados, es parte de las obligaciones aceptadas por Costa Rica para poder aplicar el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, pendiente de entrar en vigor por la falta de otras leyes.

El país también está obligado a romper el monopolio en los seguros, un mercado que despierta menos sensibilidades entre la población.

El presidente, Óscar Arias, ha alzado su voz contra los monopolios, pero ha aclarado que el ICE no venderá "ni un tornillo", con el afán de aplazar voces que acusan a esta Administración de querer privatizar el patrimonio público.

El PAC insiste en que acabar con el monopolio es acabar con el modelo solidario del ICE y ponerlo al alcance de quienes puedan pagar servicios de mayor calidad y precio.

El ICE se ha convertido en símbolo de la lucha ideológica entre un modelo de Estado paternalista y un sistema de libre competencia, un dilema que Costa Rica resolvió a medias mediante un referéndum el pasado 7 de octubre, al aprobar el TLC con Estados Unidos.

La entidad, que se distingue en todo el territorio costarricense con el color amarillo, fue fundada por el prócer José Figueres, un caudillo de padres catalanes que presidió tres veces el país con el Partido Liberación Nacional (PLN), el mismo del presidente Arias.