Brasil: entre la transparencia y la corrupción

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien le ha explotado en las manos un nuevo escándalo de corrupción sobre el presunto uso indebido de tarjetas de crédito corporativas por miembros del Gobierno y funcionarios de la Presidencia, se encuentra ante un doble dilema: por una parte, favorecer la transparencia de los gastos oficiales en nombre de la democracia o prohibir su publicación en aras de la seguridad, y, por otra, permitir o no la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre el espinoso problema.

Lula ha querido adelantarse a la oposición, que ya está recogiendo firmas para crear dicha comisión, y ha pedido al portavoz del Gobierno en el Senado, Romero Jucá, que sea el propio Gobierno quien cree esa comisión. ¿Ventajas? Que, de ese modo, según el reglamento, el Gobierno tiene la potestad de nombrar al presidente de la comisión. Lula sabe que la oposición tiene votos suficientes en el Senado para crear un equipo de investigación, en cuyo caso serían los partidos opositores los que nombrarían a su presidente.

La oposición vio en las intenciones de Lula una maniobra del Gobierno para tomar las riendas de la investigación, por lo que estudia proponer una comisión mixta del Parlamento y el Senado, presidida por la oposición. Sin embargo, esto es algo más difícil, ya que Lula cuenta con la mayoría en el Parlamento. Siempre y cuando, claro está, no sea traicionado por sus aliados en el Gobierno, como ha ocurrido ya en alguna ocasión.

Sobre el dilema entre transparencia y seguridad se ha abierto una polémica en las más altas instancia del Estado. En una reunión celebrada en ausencia de Lula por vacaciones entre la poderosa ministra de la Casa Civil, Dilma Rousseff, y el general Jorge Félix, del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), éste defendió la seguridad frente a la transparencia.

La orden es que, por ahora, se restrinja en el portal oficial www.transparencia.org.br la publicación de gastos con las tarjetas de crédito corporativas, "por motivos de seguridad nacional". Concretamente, dejarán de ser públicos los gastos realizados con esas tarjetas por parte de los agentes de seguridad y de todos los familiares de Lula. Según el general Félix, el dato podría servir para conocer el número de agentes (se ha sabido que una hija de Lula tiene ocho a su disposición) y sus nombres, para "evitar posibles actos de terrorismo".

También han quedado excluidos de publicación los gastos "para alimentación" del presidente y su familia, para que no se sepa en qué tiendas (muchas eran de gran lujo) los funcionarios de la Presidencia compran la comida para Lula. Sin embargo, contra el principio de que prevalezca la seguridad frente a la transparencia levantó ayer la voz el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Marco Aurélio Mello, quien afirmó que la claridad en todo tipo de gastos de la Presidencia de la República y del Gobierno "permite la fiscalización por parte de los ciudadanos de gastos que son públicos". Según Mello, "ni el mismo presidente de la República" debería quedar exento de fiscalización. "He quedado horrorizado al saber que existen 7.000 funcionarios en posesión de tarjetas de crédito corporativas", añadió Mello.

El Gobierno, preocupado con las noticias que siguen apareciendo en la prensa sobre supuestos gastos irregulares realizados con dichas tarjetas —desde ministros que llevan a toda su familia a comer a restaurantes de lujo, hasta agentes de seguridad de la familia de Lula que montaron un gimnasio pagado con la tarjeta oficial—, publicó ayer un decreto en el que se veta el uso de este medio de pago para la mayoría de los ministros y se limita a un 30% la posibilidad de sacar dinero en cajeros con las tarjetas. Al mismotiempo, se recuerda que dichas tarjetas deben ser usadas para "pequeños gastos de emergencia" y nunca para "uso personal".