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Reportaje:

El Gran Hermano de Myanmar

La Junta Militar ha instituido una de las más sofisticadas y extensas redes de espionaje en Asia, todas las comunicaciones están interceptadas y la posesión de un radio teléfono no declarado puede acarrear una pena mínima de 20 años de cárcel

La eficiente maquinaria de espionaje y control de la información creada por la Junta Militar de Birmania (Myanmar) trabaja a fondo para desactivar las movilizaciones encabezadas por los monjes, que han alentado el mayor desafío popular de los últimos veinte años.

Esa extensa red de vigilancia se basa en un programa desarrollado por los generales birmanos durante cuatro décadas de régimen militar, periodo en el que han destinado esfuerzos y muchos millones de dólares al montaje de una de los más sofisticadas y extensas redes de espionaje en Asia.

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"Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad tienen interceptados todos los sistemas de telecomunicaciones del país", señaló el profesor Desmond Ball, del centro de Estudios Estratégicos y de Defensa de la Universidad de Camberra, que ha publicado un estudio sobre el espionaje.

Y es que en Birmania estar en posesión de un radio-teléfono no declarado a las autoridades acarrea la detención y quien sea sorprendido con un teléfono satélite será acusado de "alta traición" y condenado a una pena mínima de veinte años de cárcel.

Además, para disponer de un ordenador en este país asiático, donde sólo existe una decena de "cybercafés" con limitado acceso a internet, hay que pedir un permiso especial al Ministerio de Comunicaciones, Correos, y Telégrafos, e infringir esa ley es castigado con penas que van desde los siete a los 15 años de prisión.

En todos los hoteles de Rangún y en otras ciudades, las llamadas son interceptadas con descaro y, si se emplea el servicio de internet del establecimiento, éste se queda con una copia del mensaje.

Los birmanos de a pie dicen que el régimen militar tiene "oídos y ojos" en todas partes, y que en la nómina del poderoso Servicio de Inteligencia, además de militares, también figuran pedigüeños, vendedores callejeros, recepcionistas de hoteles, empleados de oficinas, monjes, taxistas y estudiantes, entre otros.

Los espiados no son sólo birmanos sospechosos y miembros confesos de la oposición y seguidores de la líder del movimiento democrático, Aung San Suu Kyi, quien desde junio de 2003 cumple otro arresto en su domicilio de Rangún. También los diplomáticos, periodistas y empresarios extranjeros,que los generales denominan "esbirros del imperialismo", son observados, seguidos y fotografiados.

En la que fue primera reacción pública de la Junta Militar a la las protestas callejeras, el ministro de Asuntos Religiosos, general Thura Myint Aung, acusó a los monjes de seguir las instrucciones de los "enemigos internos y extranjeros" del Estado birmano.

Así, desde el inicio de las protestas los sistemas de telefonía móvil están bloqueados, en el aeropuerto internacional de Rangún los agentes inspeccionan concienzudamente los equipajes en busca de aparatos de telecomunicación, obligan a declarar los teléfonos móviles, que luego no sirven, así como los ordenadores portátiles.

De hecho, las fuerzas de seguridad y los matones de la Asociación para la Solidaridad y la Unión Nacional, organización vinculada a la Junta Militar, han expulsado del país a varias decenas de extranjeros por observar o fotografiar las manifestaciones.

Según radio Mizzima, las autoridades han ordenado a la única empresa proveedora de internet, Bagan Cybertech, interrumpir el servicio, y un periodista extranjero, cuya identidad no fue facilitada, resultó herido al ser golpeado por los paramilitares mientras observaba una de las tantas marchas pacíficas protagonizadas por los monjes.

Esta misma semana, Reporteros Sin Fronteras (RSP) y la Asociación de la Prensa Birmana, con sede en Tailandia, denunciaron el empleo de la violencia y otros medios de represión que persiguen evitar que los periodistas informen de las protestas, las mayores desde la matanza de activistas democráticos ocurrida en septiembre de 1988.

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