Pulso a la impunidad en Guatemala

Una comisión de la ONU, dirigida por el español Carlos Castresana, inicia los primeros contactos para depurar las instituciones del Estado corroídas por el crimen organizado

El jurista español Carlos Castresana Fernández, designado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se encuentra en este país centroamericano para hacer los contactos necesarios que le permitan iniciar, en enero de 2008, la labor de este ente internacional que pretende, de acuerdo con su mandato específico, "desmantelar los aparatos clandestinos en el país y evitar la impunidad que ha permeado las instituciones a todo nivel".

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En un encuentro con la prensa nacional, Castresana indicó que buscará un primer contacto con los dos candidatos que disputarán la presidencia de Guatemala en la segunda vuelta electoral del 4 de noviembre. "Es muy importante la colaboración del presidente y del líder de la oposición", comentó, "porque la instalación de la Cicig contempla reformas legales que permitan una mayor eficacia de las instituciones en su lucha contra la impunidad". Subrayó que, si no se alcanzan estos consensos, la Comisión, simplemente, "no funcionará".

En una primera reacción, Juan Carlos Marroquín, portavoz del equipo de campaña del candidato socialdemócrata Álvaro Colom, anunció que la Cicig puede contar con el apoyo de su partido, mayoritario en el Congreso, con 50 de los 158 escaños en la legislatura que se iniciará el 14 de enero. Por su parte, el candidato del derechista Partido Patriota, el general retirado Otto Pérez Molina, dijo ayer al matutino Prensa Libre que ratificará a Castresana el apoyo de su grupo, "para que se combata la impunidad y el crimen organizado". El grupo de Pérez Molina alcanzó 29 escaños en la primera vuelta electoral. La segunda fuerza en el Congreso (legislativo y unicameral) es la de la todavía gobernante Gran Alianza Nacional (Gana), con 37 escaños, bajo cuyo Gobierno se promovió la creación de esta comisión, por lo que debería apoyarla sin problemas.

Para el analista independiente Gustavo Porras, uno de los signatarios de los acuerdos que en diciembre de 1996 pusieron fin a una guerra civil que durante 36 años ensangrentó el suelo guatemalteco, la aprobación de la Cicig constituye, en primer término, "una confesión de impotencia del Estado frente a la impunidad de los poderes fácticos", entendidos éstos como los grupos que han logrado convertir la falta de castigo a sus crímenes en una constante en Guatemala.

En este contexto, el éxito de la comisión estará en función de la voluntad política de su gran impulsor, el Gobierno estadounidense, "cuyos servicios de inteligencia son los que mejor conocen la situación imperante en Guatemala y cómo fue la génesis de estos grupos". Añade que el fondo del problema radica en el "debilitamiento profundo" del poder del Estado guatemalteco. "Enfatizo lo del poder porque en materia de administración gubernamental el panorama es diferente. La economía marcha razonablemente bien, hay una movilidad social positiva y disfrutamos de una libertad de expresión irrestricta", aunque, advierte, "el tema de la impunidad es como un agujero negro que se puede tragar todo lo demás".

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Para Porras, la debilidad extrema del Estado de Guatemala arranca con los escasos recursos que percibe. "A casi 11 años de la firma de los Acuerdos de Paz, no se ha cumplido con la meta del 12% de carga tributaria. Hace falta la profesionalización del funcionario público, no hay oficio político…"

"Está abierta la vía del Estado fallido, si no se toman medidas de fondo para corregir la institucionalización de la impunidad en momentos en que, según todos los indicios, la corrupción está infiltrada a todo nivel", añade Porras, quien cree que la salida a esta situación debe comenzar con un acuerdo de las élites política, económica y militar para impulsar cambios profundos que permitan una reforma del Estado. "En nuestra situación, estos cambios no pueden venir desde abajo, porque no hay organización, no hay programas ni hay conducción suficiente. Se necesitan acuerdos de élites para satisfacer demandas mayoritarias", concluye.

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