Bolivia, bajo el 'síndrome del abismo'

La Asamblea Constituyente se ha convertido en el eje de la conflictividad de los grupos sociales bolivianos, que viven bajo el síndrome del abismo, es decir, la incertidumbre sobre el futuro de la democracia, según señala el balance de conflictos en el primer semestre del año presentado por la Fundación Unir.

El informe de esta entidad privada, que plantea una cultura de diálogo y de paz, apunta que entre enero y junio de 2007 Bolivia fue escenario de 156 conflictos, con un saldo de tres muertos y 250 heridos. De todos ellos, el generado en la Asamblea Constituyente es el de mayor controversia, por las antagónicas posiciones del Gobierno y la oposición sobre el control del poder político.

"La Asamblea no puede desarrollarse en una dinámica de santidad", aseguró César Rojas, gerente sociocultural de Unir, quien reiteró que el foro es "una expresión de la conflictividad, pero es también una forma de responder a la conflictividad".

El informe considera a la Asamblea Constituyente como "un eje de conflictividad intensa, con potenciales exclusivos más agudos y con capacidad de transformar el antagonismo profundo en una confrontación abierta y el proceso de escalada del conflicto".

La Asamblea Constituyente tiene hasta el 14 de diciembre para entregar un texto constitucional, pero la movilización ciudadana que exige la inclusión en agenda del traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo de La Paz a Sucre le ha obligado a suspender sesiones y a demorar el tratamiento de otros asuntos con informes de las comisiones de constituyentes.

La controversia del traslado está dividiendo el país. La Junta Democrática de Bolivia, formada por los comités cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y, desde el jueves, Cochabamba y Chuquisaca, dispuso una reunión el próximo lunes en Cobija, capital de Pando, para acordar nuevas medidas de presión, tras la huelga de 24 horas del martes pasado. La Junta ha emplazado a la Constituyente a que vuelva a incluir el asunto del traslado de poderes de La Paz a Sucre, que el 15 de agosto fue excluido de la agenda de la Asamblea por 134 de los 255 constituyentes.

El conflicto se agravó debido a la rechazada renuncia del prefecto (gobernador) de Chuquisaca, David Sánchez, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que prefiere alejarse del poder para no ser responsable de enfrentamientos. Sin embargo, el presidente boliviano, Evo Morales, le instó a cumplir su gestión constitucional de cinco años, y Sánchez se encontró ante la disyuntiva de seguir a su partido o acceder a las exigencias de sus votantes para sumarse al pedido de capital plena para Sucre.

Unir analiza el patrón de conflictos del primer semestre del año, "con situaciones de polarización ondulante" y compara con los registrados en los últimos cinco años, en los que se dieron períodos cortos pero intensos de incertidumbre sobre el futuro de la democracia, identificados como síndrome del abismo, y que culminaron con la caída de Gobiernos en 2003 y 2005.

En este semestre, los conflictos, por muy agudos que hayan sido, no han puesto en peligro la continuidad del Gobierno de Morales, destaca el informe.

Apunta también, en el perfil del conflicto —que involucra una demanda, medición de fuerzas con acciones de hecho y la posterior negociación—, una confrontación "de arriba hacia abajo, los sectores privilegiados arremetiendo contra el Gobierno y los movimientos sociales respecto al proceso del cambio social".

Los enfrentamientos directos entre actores sociales evidencian una fractura de clase, donde el proclamado mestizaje del 66% queda cuestionado por el afloramiento de nuevas expresiones de racismo, tanto en el oriente como en el occidente boliviano.