Violencia de guerra en El Salvador

El Salvador es el país más pequeño de la América continental, razón por la que la poetisa chilena Gabriel Mistral, premio Nobel de Literatura de 1945, lo bautizó con el apodo de Pulgarcito. Orgullosos, los católicos locales presumen de que su tierra es la única en el planeta que lleva el nombre de Dios. Pero la realidad de esta pequeña nación centroamericana no es en absoluto idílica: las cifras demuestran que se ha convertido en la más violenta y peligrosa de Latinoamérica, con tasas de homicidios que sólo se comparan con las de las situaciones de guerra.

Un informe sobre los homicidios durante el mes de julio ofrece datos reveladores: fueron asesinadas 341 personas, según un análisis conjunto de la Fiscalía General, la policía y el Instituto de Medicina Legal, con lo que el promedio de homicidios diarios se situó en 11. En junio pasado, las autoridades se habían mostrado "satisfechas" porque el promedio había bajado a 8,7 homicidios diarios; hicieron "cuentas alegres" y auguraban una tendencia a la baja debido a lo que denominaban "eficiencia policial". Durante todo el año 2006 se cometieron 3.928 homicidios, lo que supone un promedio de 10,7 diarios; más del 80% de los homicidios se cometen con armas de fuego.

"Desde mediados de 2003, cuando se inició la etapa de los llamados Manos Duras, los planes con los que se quiso exterminar a las pandillas llamadas maras, las tasas de homicidios comenzaron a incrementarse. En 2003 la tasa era de 34 homicidios por cada 100.000 habitantes —que ya era alta—, pero ha escalado a 55 o más en la actualidad", explica Miguel Cruz, especialista en violencia de la Universidad Centroamericana (UCA), quien considera que, además del alto número de homicidios, también se registran masacres, ejecuciones extrajudiciales precedidas de tortura, desapariciones y asesinatos con ensañamiento. Como los ocurridos durante la guerra civil (1980-1992).

En 2006, se creía que El Salvador contaba con 7,1 millones de habitantes. En tal caso, con 3.928 homicidios, la tasa se situaba en 55 por cada 100.000 habitantes. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), las tasas mayores de 10 constituyen epidemias. Es decir, El Salvador no ha salido de una situación "epidémica" en lo referido a homicidios desde 1980, cuando comenzó la guerra civil, durante la cual se cometían hasta 17 homicidios diarios.

"Tasa de guerra"

Sin embargo, a mediados del presente año, el Gobierno de Elías Antonio Saca realizó un censo nacional de población y vivienda. El resultado mostró que la población salvadoreña es mucho menor de lo pronosticado: 5,7 millones de habitantes. Por lo tanto, la tasa real de homicidios en El Salvador fue en 2006 de 68 por cada 100.000 habitantes, cifra que, según los especialistas y los consultores extranjeros en temas de violencia, como el español Enrique Gomáriz y el canadiense Alan Quim, representa una "tasa de guerra". Y lo peor es que no hay indicios de que la tasa de homicidios tienda a bajar en 2007.

"También existen varios municipios, como Colón, Soyapango, Milagro de la Paz y el propio San Salvador [la capital] donde las tasas de homicidios son claramente de naciones en guerra: más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes", explicó a EL PAÍS, el canadiense Quim, asesor del Observatorio Centroamericano sobre Violencia, que tiene su sede en El Salvador, como proyecto del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Mientras, Gomáriz afirma que, si se analizan las cifras de homicidios por edades, también se puede confirmar que existen "acciones de guerra contra niños y jóvenes", especialmente de sexo masculino.

"Para El Salvador es duro compararse con otras naciones vecinas, por ejemplo Nicaragua y Costa Rica, que tienen tasas de homicidios muy bajas. La razón es que en estas naciones existe más prevención social que represión; las instituciones son fuertes y funciona el sistema de justicia", explica Quim, quien añade que las causas de la extrema violencia en El Salvador están en sus altos niveles de desigualdad, la posesión de armas, el machismo y la deportación de inmigrantes con antecedentes penales desde Estados Unidos, que importan otros modelos de criminalidad.