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El Tribunal Supremo de EE UU escuchará las apelaciones de los prisioneros de Guantánamo

Esta decisión supone un revés para la administración Bush que quiere que los tribunales civiles no tengan jurisdicción en estos casos

El Tribunal Supremo de EE UU ha aceptado hoy, por sorpresa, ver si las cortes federales pueden escuchar las apelaciones de losprisioneros en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba), que han protestado por su encarcelamiento, han informado fuentes judiciales.

Esta decisión supone un revés para el gobierno del presidente George W. Bush, que siempre ha defendido que los tribunales de justicia civiles no tienen jurisdicción para estos casos. El pasado abril el Tribunal Supremo consideró que los tribunales federales no podrían juzgar los casos de los cientos de personas que han permanecido en la base de Guantánamo, en ocasiones en un limbo jurídico, sin que se presentaran cargos en su contra.

Tras la decisión de abril, los abogados de los detenidos recurrieron la sentencia. En su anuncio de hoy, el alto tribunal, que concluye este mes sus reuniones para empezar sus vacaciones de verano, indica que empezará a ver el caso en octubre, cuando reanude sus sesiones.

Con el voto en contra de tres de sus nueve magistrados, el máximo tribunal de Estados Unidos indicó en abril que no se pronunciaría sobre la constitucionalidad de ciertas partes de una ley antiterrorista aprobada el año pasado por el Congreso. Otros dos dijeron que deseaban ver cómo funciona el procedimiento estipulado por la Ley de Tratamiento de Detenidos, aprobada el año pasado cuando el Congreso tenía mayoría republicana y que fue promulgada por el presidente Bush.

Dicha ley estipula que los prisioneros definidos por el poder Ejecutivo como "combatientes enemigos" no tienen derecho de hábeas corpus, es decir, que no pueden cuestionar su detención ante un juez en los tribunales civiles.

Los abogados que representan a algunos de los cautivos habían apelado al Tribunal Supremo, para que dictaminara sobre el derecho de hábeas corpus, principio básico de la Constitución de Estados Unidos que protege a las personas contra la detención ilegal. Los abogados recurrieron ante el Supremo un fallo del tribunal federal de febrero pasado, que dictaminó que las cortes federales tampoco tenían atribuciones para cuestionar esa legislación.