Un gobernador en Colombia se entrega a la Justicia por el escándalo de los paramilitares

El gobernador del departamento del Cesar, Hernando Molina, se entregó ayer a la Fiscalía General en Bogotá tras la orden de detención dictada en su contra la víspera por la entidad judicial, que le procesó por supuestos nexos con los paramilitares.

Molina llegó a la sede central de la dependencia en compañía de su esposa y sus abogados, con quienes viajó desde Valledupar, la capital del Cesar, departamento que gobierna desde enero de 2004.

Poco antes de entrar en el edificio de la institución judicial, Molina dijo que su entrega responde a que "es mi deber y es mi responsabilidad atender el llamado de la fiscalía para cualquier decisión que vaya a tomar".

Molina se lamentó de que ni él ni sus abogados defensores hayan podido conocer de forma previa la providencia adoptada por el fiscal que le ha procesado bajo el cargo de concierto para delinquir, por presuntos nexos con el paramilitar desmovilizado Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40.

Tovar dirigió el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que desmovilizó a más de 31.000 efectivos dentro de un proceso de paz con el Gobierno de Álvaro Uribe, y está recluido en un presidio de seguridad cercano a Medellín junto a una treintena de ex mandos de esa organización.

Su presunta relación con el mismo ex paramilitar mantienen en prisión al senador Álvaro Araújo Castro, primo del gobernador Molina, y cuyo caso obligó a su hermana María Consuelo a renunciar, el pasado febrero, como ministra de Relaciones Exteriores.

Con el mismo proceso fue vinculado el ex ministro Álvaro Araújo Noguera, el fugitivo padre de los Araújo Castro y hermano de la madre de Molina, la ex titular de Cultura Consuelo Araújo, asesinada en 2001 por rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en represalia por una operación militar de rescate.

Molina, que es hijastro del actual procurador general, Edgardo Maya, es el segundo gobernador colombiano que ha sido procesado por el escándalo de la parapolítica, después del de Magdalena, Trino Luna, en prisión desde marzo pasado.

Petición a Iguarán

Por otra parte, el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, solicitó ayer al fiscal general, Mario Iguarán, investigar la acusación que lanzó en su contra el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, de promover la creación de bloques armados de ultraderecha.

Santos envió una carta al fiscal Iguarán después de que Mancuso, detenido en una cárcel próxima a Medellín, declarara el martes ante un fiscal que el vicepresidente se reunió hace varios años con él y le pidió supuestamente la creación de una facción paramilitar en Bogotá.

Mancuso abandonó las armas el año pasado como consecuencia de las conversaciones que las AUC celebraron con el Gobierno entre 2003 y 2006 y que condujeron a la desmovilización de mas de 31.000 combatientes de esos escuadrones, acusados de numerosos crímenes.

Mancuso también acusó al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, primo del vicepresidente, de pedirle ayuda para "derrocar" a Ernesto Samper, que fue presidente entre 1994 y 1998, acusado de financiar su campaña electoral con dinero del cartel de narcotráfico de Cali.

Tanto el vicepresidente como el ministro de Defensa han admitido que se reunieron con líderes paramilitares hace 10 años en misiones humanitarias a favor de los secuestrados o en busca de acuerdos de paz.