Incómodos refugiados políticos para Costa Rica

El Gobierno costarricense ha admitido la permanencia en su territorio del militar venezolano Néstor González, a pesar de la orden de captura internacional que contra él pesa por su participación en el golpe de Estado de 2002 contra el presidente venezolano Hugo Chávez. El general está en espera de que Costa Rica le otorgue el estatus de refugiado político, aunque el presidente Óscar Arias lo desconocía, según dijo a una emisora su hermano y ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.

La permanencia del militar venezolano en suelo costarricense fue confirmada por la Dirección de Migración, una dependencia del Ministerio de Seguridad que dirige Fernando Berrocal, que fue abogado del antichavista Carlos Ortega, preso en Venezuela tras haber violado normas que debía mantener para mantener su estatus de asilado en Costa Rica.

Berrocal aseguró que la decisión de otorgarle o no refugio en Costa Rica al general Néstor González será "estrictamente" técnica y no política. También rechazó que la policía costarricense proteja a González, tal y como afirmó el domingo el ex vicepresidente de Venezuela José Vicente Rangel.

González entró en Costa Rica hace aproximadamente seis meses, tal y como lo denunció Rangel en su programa radiofónico de los domingos, quien atribuyó la "protección" del militar a la "ignorancia" del Gobierno de Arias, crítico abierto del estilo populista de Caracas. La noticia sorprendió a sectores oficialistas venezolanos que creían que González se escondía en la frontera con Colombia, protegido por un grupo paramilitar.

Rangel también denunció la permanencia en Costa Rica de Enrique Medina Gómez, otro golpista que ingresó en el país durante la Administración anterior, de Abel Pacheco, y que goza ya de su condición de refugiado, por lo que no es probable que Caracas realice una solicitud de extradición. Medina tiene inversiones en el sur del país.

La embajadora venezolana en Costa Rica, Nora Uribe, dijo el lunes que su Gobierno no ha definido aún la posición que mantiene ante el reconocimiento de la permanencia de los golpistas y agregó que también está en Costa Rica el militar Henry López Sisto, requerido por Caracas por su responsabilidad en la matanza de nueve estudiantes en 1986, en el Estado de Yaracuy, cuando era presidente Jaime Lusinchi.

El director de Migración, Mario Zamora, negó al diario local La Nación que el país dé "protección" a los golpistas, como lo señaló Rangel. Aseguró que sólo se sigue el trámite que establece la Convención sobre los Refugiados, de Naciones Unidas, que incluso faculta seguir el proceso sin el criterio de mandos políticos, como sí se requiere para otorgar asilo.

Rodrigo Arias sí estimó que la Presidencia debió haber estado enterada de la permanencia de González y Medina, por el impacto que podría tener en las relaciones con el Gobierno de Chávez, con quien el presidente Arias ha diferido en varias ocasiones durante su Administración, que cumplió un año el 8 de mayo.

Chávez amenazó en febrero con cerrar una procesadora de aluminio que opera en el Pacífico costarricense, molesto por el calificativo "dictatorial" que Arias dio a su régimen, a lo que el presidente venezolano respondió que Arias reproduce "el discurso de Washington".

La discusión estuvo animada por recientes discusiones de Arias con Cuba y Nicaragua, aliados de Chávez en su Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), pretendido contrapeso a las asociaciones comerciales que promueve Estados Unidos.