Perú declara el estado de excepción en una provincia tras los violentos enfrentamientos
Miles de manifestantes intentan tomar por la fuerza la sede del Gobierno regional
El Gobierno de Perú ha declarado esta madrugada el estado de excepción durante 30 días en la provincia de Abancay, capital del departamento sureño de Apurímac, donde se han producido violentos enfrentamientos entre manifestantes, que han intentado tomar por la fuerza la sede del Gobierno regional, y la policía.
El primer ministro peruano, Jorge Del Castillo, ha anunciado a los periodistas que la medida busca acabar con "un conflicto local", que enfrenta a dos grupos opositores en esa localidad, uno de los cuales exige la destitución de la presidenta regional, Rosa Suárez.
El estado de excepción implica la suspensión de garantías constitucionales como la libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio y la imposibilidad de ser detenido sin autorización judicial.
Violentas manifestaciones
Al menos 16 personas han resultado heridas esta madrugada, tres de ellas con impactos de bala, cuando miles de manifestantes intentaba tomar por la fuerza la sede del gobierno regional y fueron repelidos por la policía. Entre los heridos por arma de fuego se encuentra un periodista, identificado como Wilman Caraychihua. La representante de la Defensoría del Pueblo en Apurímac, Rosa María Pazos, ha asegurado que "la violencia se apoderó" de Abancay, capital de esa región del sur de Perú.
La policía intervino con bombas lacrimógenas y armas de fuego para impedir la toma del gobierno regional, informó Pazos a la agencia oficial Andina. Los manifestantes tomaron la Plaza de Armas de Abancay, ubicada a 920 kilómetros de Lima, para exigir la renuncia de la presidenta regional, Rosa Suárez, a la que acusan de nepotismo, tráfico de influencias y transferencias ilegales de dinero.
Suspensión del Gobierno regional
La protesta ha provocado el cierre de los comercios, la paralización del transporte y la cancelación de las clases escolares en esa ciudad alto andina, según informaron los medios locales. El procedimiento y los motivos por los cuales se pretende cesar o suspender a la presidenta regional "no son los que estipula la ley para estos casos, por lo que el acta podría ser declarada ilegal posteriormente", ha dicho Pazos.
Un portavoz de los manifestantes ha declarado a la emisora Radioprogramas que los miembros del Consejo Regional han decidido "suspender" a Rosa Suárez y colocar en su lugar al vicepresidente regional, Angel Barrantes. Suárez afirmó, por su parte, que la ley electoral le impide renunciar al cargo e informó de que dejó su ciudad porque su vida "corría peligro".
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