El máximo tribunal penal argentino anula por primera vez un indulto concedido por Menem

Es la primera vez que la Cámara Nacional de Casación Penal falla sobre los perdones dados por el ex presidente a militares en los años 1989 y 1990

El máximo tribunal penal de Argentina anuló ayer el indulto del ex general Santiago Riveros, procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar (1976-1983), que le fue otorgado por Carlos Menem cuando era presidente.

Esta es la primera vez que la Cámara Nacional de Casación Penal falla sobre los indultos concedidos por Menem a militares en los años 1989 y 1990. El fallo constituye un "fuerte precedente" y allana el camino para que la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, se pronuncie sobre los indultos, informaron fuentes judiciales.

Hasta el momento, sólo jueces de primera y segunda instancia habían declarado "inconstitucionales" los indultos a varios militares acusados de participar en la denominada "guerra sucia" contra la subversión.

La Corte Suprema había evitado pronunciarse el año pasado sobre la constitucionalidad de los indultos, porque entendió que debía ser la Cámara Nacional de Casación Penal la que opinara primero.

Riveros está procesado por delitos de lesa humanidad en el complejo militar de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención montados por la dictadura.

En noviembre de 2004, el juez Alberto Suárez Araujo, de San Martín, provincia de Buenos Aires, había anulado el indulto a Riveros, pero en marzo del año siguiente la Cámara Federal (segunda instancia) de esa misma localidad revocó la medida, lo que obligó a la intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Después de que el Parlamento anulara en 2003 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que libraron de responsabilidad a más de un millar de represores de la dictadura, el presidente argentino, Néstor Kirchner, apuntó varias veces contra los indultos, aunque dijo que la "vía judicial" era el único camino para derogarlos.

La anulación de estas leyes, ratificada el año pasado por la Corte Suprema, derivó en la reapertura de numerosas causas por delitos de lesa humanidad contra represores del último Gobierno de facto.

Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron durante la última dictadura, aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra de víctimas a 30.000.

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