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Una juez federal declara inconstitucional el programa de espionaje doméstico de EE UU

La Casa Blanca defiende la legalidad de la medida y anuncia que apelará la decisión de la magistrada

Una juez federal de Detroit ha ordenado hoy interrumpir de forma inmediata el programa de espionaje doméstico sin autorización judicial respaldado por el Gobierno de EE UU. Según la magistrada, Anna Diggs Taylor, ese programa es inconstitucional porque viola los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad de los ciudadanos.

El fallo se produce en respuesta a una denuncia presentada por la Unión de Libertades Civiles de EE UU (ACLU, en inglés) contra el controvertido programa de escuchas telefónicas y de control de correos electrónicos del Gobierno del presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. "Los demandantes se han impuesto y el interés público de este asunto es claro", señala la juez en su decisión. El presidente Bush ha reiterado por activa y por pasiva que el programa es una pieza vital para la defensa de los intereses nacionales.

La ACLU había denunciado el programa en representación de un grupo de periodistas, abogados y profesores, argumentando que su trabajo se veía dificultado porque sus contactos en el extranjero, como fuentes o testigos potenciales, podrían mostrarse recelosos a compartir información por teléfono.

En la presentación de los argumentos orales, el Departamento de Justicia, en representación de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) -que es la que puso en marcha el programa-, ha argumentado que la iniciativa es totalmente legal y una pieza clave en la lucha del Gobierno contra el terrorismo.

Apelación

La Casa Blanca ha rechazado la resolución de la jueza federal y ha defendido de nuevo su legalidad. "No podríamos discrepar más con esta resolución" que tacha de inconstitucional el programa avalado por el Gobierno, ha declarado el portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, antes de precisar que el Departamento de Justicia apelará esa decisión y pedirá su suspensión "inmediata".

Según Snow, el conocido como "programa de vigilancia terrorista", se basa en la legalidad vigente y se revisa de forma regular para garantizar que se protegen las libertades civiles. El portavoz ha explicado que se trata de una iniciativa que "ha demostrado ser una de las herramientas de mayor importancia y más efectivas en la guerra contra el terrorismo y esperamos demostrar su validez en la apelación".

Además, el secretario de Justicia de EE UU, Alberto Gonzales,ha anunciado que el Gobierno hará todo lo posible por mantener el programa de espionaje interno. "Creemos plenamente que el programa es legal" y, por lo tanto, "haremos todo lo que podamos en los tribunales para permitir que el programa continúe", ha asegurado Gonzales en rueda de prensa.

La polémica en torno a este asunto fue desvelada por la prensa a finales de 2005, aunque cobró una mayor dimensión el pasado mes de junio, cuando el diario USA Today publicó que la NSA había recogido información sobre decenas de millones de comunicaciones telefónicas de personas y empresas en EE UU, que reunió en una enorme base de datos con el propósito de detectar amenazas terroristas.