El Parlamento de Brasil, en la encrucijada

El Congreso de Brasil vive un momento difícil en vísperas de las elecciones del próximo mes de octubre, en las que se elegirán diputados y senadores. En este momento, más de cien diputados y un puñado de senadores están acusados de corrupción. Al escándalo del soborno de diputados para aprobar leyes del Gobierno se sumó el de la compra de ambulancias con sobreprecio para cientos de alcaldías del pais, aprobada gracias a la ayuda de parlamentarios, que recibían sobornos a cambio.

El problema añadido es que el 90% de los diputados y senadores contra los cuales, según una comisión de investigación del Parlamento, existen pruebas de corrupción, se ha presentado para ser reelegidos en octubre.

Basta leer cada día las cartas de los lectores a los diferentes diarios nacionales para escuchar una voz común de indignación, que llega a pedir el cierre del Parlamento por la indignidad de sus componentes. Por su parte, Elio Gáspari, uno de los principales historiadores y analistas políticos del país, cuya columna dominical se publica de forma simultánea en varios diarios, recordaba el domingo que el Parlamento brasileño ha sido cerrado siete veces desde su creación: en 1823, 1889, 1937, 1966, 1968 y 1977, aunque por motivos diferentes.

Gáspari escribía que "el próximo presidente recibirá aproximadamente 55 millones de votos. Basta con que flirtee con actitudes autoritarias y proponga un plebiscito para decidir la disolución del Congreso, convocando elecciones en 180 días. Como resultado probable, la propuesta se aprueba y el Gobierno dobla el número de sus diputados".

Impugnación de mandatos

La opinión pública está estos días pendiente de una respuesta del Tribunal Superior Electoral a una reclamación del diputado Miro Texeira, del izquierdista Partido Democrático de Brasil (PDT), que sostiene que la Constitución obliga a los tribunales electorales a impugnar los mandatos de los ciudadanos contra los cuales el Ministerio Público o la policía tengan pruebas de corrupción. Los diputados podrán recurrir al Tribunal Superior Electoral, que deberá dar una respuesta antes de su toma de posesión.

El problema es que, de acuerdo con la ley, tales diputados y senadores pueden tomar posesión y seguir en el cargo hasta ser juzgados y condenados en firme, lo que podría llevar años. Texeira, uno de los autores de la Constitución brasileña, insiste en que el espíritu de ésta está por encima de todo y que la sociedad a la que representan los diputados está a favor de dicho espíritu y enfurecida contra los parlamentarios acusados de corrupción.

A pesar de que la ley lo permite, otra de las cosas que ha extrañado a la opinión pública es el importante número de diputados y senadores que afirman en sus declaraciones de la renta —que deben hacer públicas si desean volver a presentarse a las elecciones— que guardan grandes cantidades de dinero en efectivo en sus casas o en una caja privada en una entidad bancaria. El diputado e industrial João Lyra, del Partido del Trabajo de Brasil (PTB), declara tener en su casa 2,15 millones de reales (unos 774.000 euros). Hasta José Sarney, el ex presidente de la República, que se vuelve a presentar para el Senado, declara tener en su casa dinero en efectivo "para comprar cabezas de ganado".