"La justicia no puede estar en manos de particulares"

Florentín Meléndez, salvadoreño y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (España), es actualmente vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su lucha en los años de la dictadura y de guerra civil (1980-1992) en su país lo colocaron en varias ocasiones en el punto de mira de los temibles escuadrones de la muerte. Hoy es él quien apunta, en una entrevista con EL PAÍS, contra algunos Estados latinoamericanos a los que acusa de incumplir los compromisos de las convenciones que han suscrito y de permitir un retroceso peligroso en el respeto a los derechos humanos.

Pregunta. ¿Cómo se puede describir la situación actual de los derechos humanos en Latinoamérica?

Respuesta. Según mi experiencia como vicepresidente de la CIDH, como relator para Argentina, México, Bolivia y República Dominicana y como relator temático de las personas privadas de libertad, puedo decir que, después de la década de los ochenta, se observa un cambio positivo —en algunos países más que en otros—, especialmente en lo que se refiere a libertades democráticas, participación política y pluralismo. Hay mayor independencia judicial y una erradicación de las prácticas sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, por ejemplo en lo que se refiere a ejecuciones sumarias y ejecuciones colectivas, la desaparición forzada y la tortura por motivos políticos.

P. Pero en Centroamérica se ha denunciado la aparición y existencia de grupos de exterminio.

R. Efectivamente. Ha desaparecido la práctica sistemática de esas violaciones, pero continuamos recibiendo denuncias de organizaciones civiles y por eso hemos pedido información a los Estados. Hay denuncias de ejecuciones sumarias en cárceles y de torturas a acusados de delitos comunes; también algunos casos de desapariciones forzadas, pero ya no como en el pasado.

P. ¿Cuáles son las raíces de los actuales grupos de exterminio?

R. El problema encuentra profundas raíces en las deficiencias de la justicia y en la falta de independencia de sus órganos, en la incapacidad y falta de seriedad en los órganos de investigación y la represión legal del delito. Ante ello, vemos casos muy graves, como en Guatemala, donde la gente se está tomando la justicia por su propia cuenta, lo cual es deplorable. La justicia no puede estar en manos de particulares. Hemos llamado la atención a los Gobiernos para que tomen medidas y erradiquen esos brotes de violencia, porque en algunos casos surgen con la tolerancia de los Estados.

P. ¿Cuáles son los problemas más comunes en Latinoamérica?

R. Nos preocupa cada vez más la discriminación contra los grupos indígenas, que están siendo desplazados de sus tierras por proyectos mineros o turísticos; la violencia contra las mujeres, porque con ello se ataca el centro de la familia y de la sociedad; las acciones contra la libertad de prensa, con la persecución y asesinatos de periodistas y el deterioro en las cárceles, que están abandonadas... En ellas hay violencia interna y en algunos casos constituyen verdaderas escuelas del crimen.

P. ¿Cuál es la reacción de los Estados ante las observaciones del sistema interamericano de derechos humanos?

R. No hay congruencia entre el discurso y la práctica. Se cumple en acciones accesorias, como las reparaciones pecuniarias a las víctimas, pero el centro de las recomendaciones, que tienen que ver con el combate a la impunidad, no se están cumpliendo por la mayoría de los Estados. Hemos recomendado a la OEA que establezca, al igual que en la Unión Europea (UE), un mecanismo colectivo de carácter político que permita a los Estados supervisarse a sí mismos, con la participación activa de la sociedad.