El Gobierno de Bolivia anuncia la nacionalización de otras seis empresas

El Estado boliviano controlará, con el 51% de las acciones, las seis empresas privatizadas parcialmente en la década de los noventa, pertenecientes a los sectores de energía, ferrocarriles y telecomunicaciones, que actualmente se encuentran en manos de empresas italianas, chilenas, estadounidenses y bolivianas, después de la nacionalización de los hidrocarburos anunciada en mayo por el presidente, Evo Morales.

La medida está incluida en el Plan de Desarrollo presentado el viernes pasado ante Morales, pero ayer fue ampliada por el propio ministro de Planificación, Carlos Villegas, quien también anunció que, excepto la de Bancos y Entidades Financieras, las restantes superintendencias —que fueron creadas para regular la actividad de las empresas privatizadas— serán eliminadas porque no cumplieron las funciones para las que fueron creadas.

El Gobierno revertirá las acciones depositadas en el Fondo de Capitalización Colectiva y comprará las que sean necesarias para alcanzar el 51% del paquete accionarial de cada una de las empresas privatizadas parcialmente, a fin de recuperar y ejercer el control de la gestión y la captura del excedente económico que generan actualmente.

El Fondo de Capitalización Colectiva —proveniente de la venta de acciones— pertenece teóricamente en un 47% a los bolivianos que eran mayores de 21 años en diciembre de 1996 y el 3% restante, a los trabajadores de las empresas privatizadas que recibieron en acciones los finiquitos de su trabajo.

Las compañías "capitalizadas" en las que el Estado quiere tener la mayoría de las acciones son la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), las eléctricas Corani, Valle Hermoso y Guaracachi, y las ferroviarias Andina y Oriental. En esas compañías, los ciudadanos bolivianos, representados por dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), de la suiza Zúrich Financial Service y del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), tienen una participación del 48%, mientras que los socios privados tiene el 50%.

En Entel, la socia privada es la Telecom italiana; en Corani, la estadounidense Duke; Guaracachi también tiene capitales de EE UU, y Valle Hermoso está gestionada por inversores bolivianos a través de la empresa The Bolivian Generation Group.

En el sector de los ferrocarriles, la empresa Andina está participada por capitales chilenos, y la Oriental, por Trenes Continentales, de la estadounidense Genesee Wyoming.

El ministro aclaró que este plan para controlar las compañías excluye al Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que tiene pasivos por 170 millones de dólares y atraviesa una grave crisis institucional.

Antes de recuperar el control de las empresas se las someterá a auditorías financieras y técnicas con el objetivo de establecer el valor real del patrimonio neto de las mismas. El Estado nombrará a cuatro de los siete directores en cada una de las empresas. El Plan de Desarrollo quinquenal, cuyo texto completo aún no se ha dado a conocer, señala que la administración de las empresas que dependerán del Estado podrá optar por "un operador privado" o "una entidad dependiente del poder ejecutivo".

Al mismo tiempo, las superintendencias de Hidrocarburos, Telecomunicaciones, Transportes, Electricidad y su matriz, el Sistema de Regulación Sectorial, desaparecerán antes de finales de este año, de acuerdo a un proyecto de ley en elaboración.