El Consejo Constitucional francés da luz verde al polémico Contrato de Primer Empleo
El presidente Jacques Chirac cuenta ahora con 9 días para promulgar el texto, aunque se prevé que de su veredicto mañana mismo
El Consejo Constitucional francés ha dado a conocer esta tarde su dictamen favorable "sin reservas" sobre la ley de igualdad de oportunidades a través de la cual fueron tramitados los controvertidos Contratos Primer Empleo (CPE). El presidente Jacques Chirac cuenta ahora con 9 días para promulgar el texto, aunque se prevé que de su veredicto mañana mismo. El Consejo Constitucional vigila que las leyes que aprueba el Parlamento francés estén en conformidad con la Carta Magna. La institución, cuyos miembros son conocidos como los nueve sabios, también vela porque las leyes respeten las libertades esenciales contenidas en la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano.
Ahora, Chirac podría devolver el texto al Parlamento, a pesar del examen favorable de los nueve sabios, para que hubiese una relectura durante estos 9 días. Sin embargo, la hipótesis más probable es que Chirac opte por estampar su rúbrica y que la ley entre en vigor mañana mismo. El presidente ha apoyado repetidamente la iniciativa del plan de empleo juvenil, aunque todavía no se ha pronunciado oficialmente. Es previsible que esta intervención se produzca mañana y que en ella el presidente explique si decide pedir una revisión a la Asamblea o si, como parece factible, opta por aprobar un texto contra el que se pronuncia un 92% de los franceses, según los últimos sondeos.
Fuentes cercanas al presidente han afirmado a varios medios de comunicación del país que, en compensación, Chirac anunciará la apertura de negociaciones generales con los sindicatos que, de concluir en acuerdo, sustituirían la medida del CPE. Sin embargo, los sindicatos mayoritarios han anunciado que no aceptarán esta oferta. El primer secretario socialista, Franois Hollande, ha advertido de que, si Chirac promulga la ley, se enfrentará a "una prueba de fuerza" por parte de la oposición.
Pero si esto se cumple, el presidente estará entre dos cuerdas: según publica hoy el diario Le Parisien, Villepin amenazó al jefe del Estado con su dimisión si éste accedía a retirar, suspender o desnaturalizar el polémico proyecto. La sustitución de Villepin, de su máxima confianza, nombrado el pasado junio y a un año de las presidenciales supondría un final de mandato calamitoso para el veterano presidente francés.
Los contratos jóvenes, que podrán ser firmados por las empresas de más de 200 trabajadores, incluyen un período de prueba de 24 meses para los menores de 26 años, cuya tasa de paro es del 23% en Francia. Durante ese lapso, el empleador puede rescindir el contrato sin estar obligado a aportar una justificación.
El primer ministro, Dominique de Villepin, ha multiplicado hoy las reuniones con sus ministros, entre ellos con el 'número dos' del Ejecutivo, Nicolas Sarkozy, hasta ahora en desacuerdo con su estrategia. El objetivo es concertar la estrategia entre el Elíseo y el Gobierno de cara a los próximos días. El ministro de Empleo, Jean-Louis Borloo, ha reiterado en la Asamblea Nacional la estrategia de firmeza del Ejecutivo, al "recordar" que "en la Constitución, la palabra retirada no existe, y la palabra suspensión no entra dentro de las competencias de nadie, ni del primer ministro ni del presidente".
Cortes en las carreteras
Las protestas de los estudiantes anti CPE han tomado hoy un cariz diferente al de los últimos días, pues los militantes, universitarios en su mayoría, decidieron cortar por sorpresa estaciones de trenes y carreteras de circunvalación en las ciudades más importantes del país. La ocupación de las vías de circunvalación de Nantes (noroeste) ha provocado a primera hora kilómetros de atascos, así como en torno a Aix-en-Provence (sureste) y Lille (norte). Los manifestantes han provocado también el retraso de varios trenes tras la entrada de militantes anti CPE en las vías férreas de la estación de Brest (noroeste).
Ya por la tarde, más de un millar de universitarios han ocupado los andenes y las vías de una de las estaciones del centro de París, de dos estaciones en Lyon, y en otras ciudades como Saint-Etienne y Metz. La policía ha detenido a varias decenas de estudiantes, entre ellos el presidente de la Unión Nacional de Liceos (UNL), Karl Stoeckel, uno de los líderes del movimiento contra el CPE, aunque más tarde han sido puestos en libertad sin cargos.
Mientras, según datos oficiales, 556 institutos y 58 universidades siguen bloqueados por la movilización contra los nuevos contratos, a pesar de las llamadas del ministro de Educación a las autoridades educativas para que se retomase la actividad en Secundaria y en los campus. El ministro de Educación, Gilles de Robien, ha vuelto a exigir hoy a los rectores que tomen las medidas necesarias para que "recomiencen las clases porque los exámenes se acercan".
Las razones de los nueve sabios
Según su dictámen, el Constitucional considera que según el derecho no hay motivos para emitir reservas sobre los dos puntos más criticados del CPE: la duración del período de prueba y la no justificación del despido. Uno tras otro los nueve magistrados del Consejo Constitucional ha rechazado los puntos alegados por los socialistas en su recurso. Para los sabios, el hecho de que el CPE afecte sólo a los menores de 26 años no rompe la igualdad entre jóvenes porque "ninguna regla de valor constitucional prohíbe al legislador tomar medidas en favor del empleo de los jóvenes". "El legislador podía, teniendo en cuenta la precariedad de la situación de los jóvenes en el mercado laboral y especialmente de los jóvenes menos cualificados, crear un nuevo contrato de trabajo con el fin de facilitar su inserción profesional".
Sobre el despido sin motivación durante los dos primeros años del CPE, la máxima autoridad constitucional considera que el despedido podrá recurrir ante los tribunales a los que corresponderá dictaminar en cada situación y sancionar eventuales abusos del derecho. "El juez verificará especialmente que el motivo de la ruptura (del contrato) no es discriminatoria y no atenta contra la protección prevista por el código de trabajo para las mujeres embarazadas, los accidentados en el trabajo y los asalariados protegidos", indica el texto. Por último, el Consejo cree que al analizar la conformidad de una ley con la Carta Magna no le corresponde verificar si es compatible con los compromisos internacionales de Francia.
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