Una comisión parlamentaria pide el procesamiento de ex altos cargos del partido de Lula

Una comisión parlamentaria que ha investigado los escándalos de corrupción en Brasil ha presentado este miércoles su informe final y ha pedido enjuiciar a casi 200 personas, incluidos dos ex ministros, 19 diputados y a la antigua dirección del Partido de los Trabajadores (PT), que llevó al poder a Lula.

El informe, que deberá ser votado la semana próxima antes de ser entregado a la justicia, es una pavorosa radiografía de una enorme red de corrupción que, según el diputado Osmar Serraglio, secretario de la comisión, movilizó unos 2.000 millones de reales (910 millones de dólares) entre enero de 1997 y agosto del 2005.

Ministros de la Presidencia y Comunicación

Con ese dinero se financiaron ilegalmente campañas electorales y también la trama de sobornos que "existió" en el Congreso durante los primeros dos años de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene el documento.

Entre las personas que el informe pide llevar a tribunales están José Dirceu y Luis Gushiken, que respectivamente fueron ministros de la Presidencia y Comunicación en el gobierno de Lula. Asimismo, aparece todo el cogollo del PT que cayó el año pasado en medio de los escándalos y que participó activamente en la campaña que llevó a Lula al poder, que igualmente ha quedado bajo sospecha de numerosas violaciones fiscales y de las leyes electorales.

Entre los ex dirigentes del PT señalados en el informe están el ex presidente del partido José Genoino, el ex tesorero Delubio Soares y el ex secretario general Silvio Pereira, que hasta hace poco más de un año formaban parte del entorno íntimo del jefe de Estado. En el documento también se pide a la justicia que procese a los publicistas Eduardo Duda Mendonca, que dirigió la campaña de Lula en el 2002, y Marcos Valerio Fernandes, un sombrío personaje que saltó a la fama en medio del escándalo como "articulador financiero" de la red de corruptelas tejida en torno al PT.

Pese a la cercanía de muchos de los acusados con Lula, el informe exculpa al presidente y dice que no fueron hallados indicios de que haya tenido alguna responsabilidad en los hechos, ni siquiera "por omisión". No obstante, aunque no lo cita por su nombre, pide investigar los negocios de una empresa, que tiene entre sus socios a Fabio Lula da Silva, hijo del jefe de Estado, con la telefónica Telemar.

El voluminoso documento dice que el dinero de la corrupción provino de empresas públicas y privadas y también de algunos bancos, entre ellos el Rural, a cuya directiva también se ha pedido enjuiciar. Según el texto, diputados que no pertenecían al PT fueron sobornados para votar en favor del Gobierno durante los dos primeros años de gestión de Lula mediante la red desvelada por el ex diputado Roberto Jefferson, quien perdió su escaño por corrupción y figura entre los acusados en el informe.