Amnistía Internacional denuncia ataques contra periodistas y candidatos electorales en Colombia

Las agresiones y amenazas de muerte contra periodistas, candidatos electorales y funcionarios públicos están debilitando el Estado de Derecho en Colombia y podrían plantear dudas sobre la celebración de unas elecciones libres, según denunció ayer en Londres Amnistía Internacional (AI).

Un informe de la organización pro derechos humanos pone de manifiesto cómo los informadores, candidatos electorales y votantes "corren especial peligro" en el periodo previo a las elecciones al Congreso colombiano, previstas para el 12 de marzo, y los comicios presidenciales, que serán el 28 de mayo, indicó AI.

Según las cifras de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), 31 periodistas perdieron la vida en Colombia por motivos atribuibles a su trabajo, entre 1998 y 2005. Las estadísticas publicadas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) revelan que al menos 25 periodistas sufrieron amenazas en 2005 y cinco de ellos fueron obligados a abandonar sus hogares.

Además, según la Federación Nacional de Concejos (FENACON) de Colombia, en 2005 fueron asesinados 25 concejales, 18 en 2004, 75 en 2003 y 76 en 2002; en la actualidad, hay más de 200 concejales amenazados.

También políticos y candidatos electorales nacionales han sido víctimas de homicidios, amenazas y secuestros, el más conocido de ellos el de la candidata presidencial Ingrid Betancourt y su asesora personal, Clara Roja, que permanecen en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde 2002.

"La impunidad está en el mismo núcleo del conflicto colombiano. Saber que los autores de violaciones de los derechos humanos eludirán la justicia disuade a las víctimas de denunciar. Como consecuencia, los periodistas temen informar, los candidatos temen hacer campaña y los funcionarios electos temen gobernar", afirma AI.

Según el documento, los periodistas colombianos se han visto obligados a censurar su trabajo, evitando viajar a las zonas de conflicto intenso, donde se cometen la mayoría de las violaciones y abusos contra los derechos humanos y basando su trabajo exclusivamente en la información oficial.

De esta forma, prosigue Amnistía, los abusos cometidos contra los derechos humanos, incluidos aquellos en los que han participado miembros de las fuerzas de seguridad, no están plenamente documentados en los medios de comunicación.

AI también expresa en el informe su preocupación por la influencia que tanto paramilitares como guerrilleros intentan ejercer sobre el proceso electoral.