El Departamento de Justicia de EE UU apela a la Constitución para justificar las escuchas de Bush

El Departamento de Justicia estadounidense ha hecho público un documento en el que apela a la Constitución y a otras leyes para justificar las escuchas telefónicas sin autorización judicial en el marco de la lucha contra el terrorismo emprendida por la Administración Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El programa secreto de espionaje a ciudadanos estadounidenses fue revelado por el periódico The New York Times hace un mes, después de que una fuente no identificada le filtrara desde el Gobierno los polémicos documentos. Las críticas contra la actuación de la Casa Blanca se han recrudecido desde entonces y el presidente Bush ha sido acusado de haber quebrantado la ley al autorizar a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) a interceptar conversaciones y correos electrónicos, dentro y fuera de EE UU, de sospechosos de estar vinculados a Al Qaeda. En el seno de la Administración se insiste en que el presidente tiene poderes constitucionales para ordenar este tipo de vigilancia, y que el Congreso le autorizó a utilizar los medios necesarios para prevenir futuros atentados.

El documento, remitido hoy al Congreso por el fiscal general estadounidense, Alberto Gonzales, insiste en esta tesis al asegurar que la autorización concedida por la cámara "sitúa al presidente con plenos poderes para autorizar las actividades de la NSA". Las actividades de espionaje a los ciudadanos estadounidenses son "legales en todo sentido", insiste el documento.

Base constitucional

El dossier de 42 páginas elaborado por el departamento de justicia también apela a la Constitución y a documentos federales y escritos elaborados por anteriores presidentes, tanto republicanos como demócratas, para justificar la actuación de Bush. Incluso recuerda resoluciones de los tribunales y escritos elaborados por expertos en la materia que ampararían la orden dada por Bush a sus servicios de seguridad. "El presidente tiene la determinación de ejecutar toda la autoridad de la que dispone, amparada por la Constitución, para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos", asegura el informe.

El documento también pone en duda la constitucionalidad de una ley federal del año 1978 que regula las actividades de los servicios de inteligencia y prohíbe expresamente las escuchas domésticas sin las debidas garantías judiciales concedidas por un tribunal especial.

El documento recalca la postura gubernamental de que Bush tenía autoridad para ordenar el espionaje de los estadounidenses, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y con el beneplácito del Congreso, que autorizó una resolución para el uso de la fuerza tras los atentados del 11-S. El Gobierno insiste ahora en que, aún si la resolución del Congreso no crea exenciones a la ley de 1978, ésta no puede frenar la autoridad del presidente Bush, en su capacidad como comandante en jefe, para permitir las actividades de espionaje en tiempos de guerra.

Críticas de grupos de derechos civiles

El informe de Gonzales agrega que las actividades de la NSA no violan una enmienda constitucional que prohíbe los registros sin la autorización previa. Pero esos argumentos no convencen a grupos defensores de los derechos civiles, como el Centro de Derechos Constitucionales y la Unión Americana de Libertades Civiles, que depositaron hace tres días ante los tribunales de Detroit y Nueva York sendas demandas en las que piden que cese el programa de escuchas electrónicas del Gobierno por ilegal e inconstitucional. También los demócratas han aprovechado este último escándalo para sacar rédito político. El ex vicepresidente Al Gore irrumpió en la polémica el pasado lunes al asegurar que Bush ha violado "repetida e insistentemente" la ley.

Para frenar estas críticas, el secretario de Justicia tiene previsto acudir al Comité Judicial del Senado el próximo 6 de febrero, donde explicará los argumentos legales del gobierno de Bush para autorizar el espionaje.