Un informe del Consejo de Europa sugiere que la CIA transportó detenidos de forma ilegal
El organismo llama a los estados miembros a "comprometerse en la búsqueda de la verdad" y lamenta la ausencia de explicaciones de EE UU
La investigación encargada por el Consejo de Europa sobre la presunta presencia en Europa de cárceles y vuelos clandestinos de la CIA para sospechosos de terrorismo detenidos ilegalmente ha recabado "elementos que parecen mostrar que varias personas fueron secuestradas y transportadas a otros países" fuera de los procedimientos legales. Así lo ha afirmado el responsable de la investigación, el senador suizo Dick Marty.
"Los procedimientos judiciales en curso en ciertos países parecen mostrar que algunas personas han sido secuestradas y transportadas a otros países sin respetar ninguna norma de asistencia judicial", dice el senador Marty en su informe elaborado por encargo del Consejo de Europa, organismo que vela por los derechos humanos y del que forman parte 45 países.
Según asegura el senador en su informe, que ha enviado al Consejo, las informaciones recabadas "permiten reforzar la credibilidad de las alegaciones concernientes al transporte y la detención temporal de personas arrestadas, fuera de todo procedimiento judicial, en los países europeos".
Críticas a EE UU
Martin también ha tenido duras palabras para Estados Unidos, a cuyo Gobierno ha instado a responder formalmente a las acusaciones. "Lamento el hecho de que no haya habido información o explicaciones" durante la gira por Europa de la consejera de seguridad de EE UU, Condolezza Rice.
Este funcionario suizo no ha sido tan contundente a la hora de enjuiciar el comportamiento de los Gobiernos europeos: "Todavía es muy pronto para asegurar que haya habido alguna implicación o complicidad de los Estados miembros en acciones ilegales". En todo caso, "pide encarecidamente a todos los gobiernos de los Estados miembros que se comprometan plenamente en la búsqueda de la verdad sobre los vuelos y sobrevuelos de su territorio de aviones que hayan transportado a personas arrestadas y detenidos fuera de todo procedimiento judicial".
Los Gobiernos de Rumania y Polonia, acusados de permitir en su territorio el establecimiento de cárceles clandestinas de la CIA, han negado la existencia de éstas. Esos desmentidos no han satisfecho al Consejo de Europa ni al Parlamento Europeo y aunque la Comisión Europea también se propone indagar, ha sido la Cámara de Estrasburgo, primer gran valedor de los derechos humanos, la que ha tomado la iniciativa más agresiva.
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