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México elimina la pena de muerte de la Constitución y de la Justicia militar

El Gobierno de México formalizó el viernes la eliminación de la pena de muerte del texto de la Constitución y del Código de Justicia Militar del país.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó ayer la reforma de la Constitución en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra el sábado.

En el acto de presentación del primer Informe de Ejecución del Programa Nacional de Derechos Humanos 2005, el presidente mexicano, Vicente Fox, dijo que "este día quedará grabado en la historia nacional como aquel en el que México se unió a los países que tienen, en el respeto a la vida, uno de sus más altos derechos". "La pena de muerte es contraria a los derechos humanos, por eso el Gobierno ha hecho una defensa firme de los mexicanos sentenciados a muerte en otros países", destacó Fox.

El gobernante precisó que en su Administración no se reprime, no se suprimen libertades y no se permiten abusos por parte de servidores públicos y que el país no le teme a abrirse al escrutinio internacional ni a la rendición de cuentas.

Por su parte, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en México, Amerigo Incalcaterra, indicó que un "valor agregado" del programa de derechos humanos es la creación de un comité integrado por 21 representantes de la sociedad civil, universidades, y de los tres poderes del Estado, que lo evaluará y le dará seguimiento.

Aseguró que en México se continúa practicando la tortura en varios Estados, especialmente en los fronterizos, con carencias institucionales y donde hay gran afluencia de personas, y que en muchos casos se encuentran involucradas las autoridades.

El titular de la Unidad de Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, indicó que si bien la tortura no se ha eliminado completamente, México se adhirió al Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes aprobado en 2002 por la ONU.