Un tribunal retira la inmunidad a Pinochet por la desaparición de 29 opositores

La Corte de Apelaciones de Santiago ha retirado la inmunidad como ex presidente al ex dictador Augusto Pinochet por su presunta participación en la desaparición de 29 personas en 1975 que eran parte de un grupo de 119 opositores políticos detenidos y desaparecidos y cuya muerte se intentó encubrir con un montaje.

La resolución ha sido adoptada por dieciséis votos contra seis, según ha informado a los periodistas el presidente del tribunal, Juan Escobar. El ex gobernante de facto (1973-1990) ya está procesado y bajo arresto domiciliario por su participación en nueve desapariciones en el marco de esa misma operación. La mayoría de las 119 víctimas de la citada operación pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación que resistió con las armas a la dictadura de Pinochet.

En manos de Montiglio

El nuevo desafuero permitirá al juez Víctor Montiglio, a cargo del juicio, investigar criminalmente a Pinochet y, si así lo considera, procesarlo por esos 29 nuevos casos, han explicado fuentes judiciales. Montiglio fue el que solicitó el nuevo desafuero a la Corte de Apelaciones y ya procesó a Pinochet por nueve víctimas de la Operación Colombo y ordenó su arresto domiciliario.

El pasado lunes, el magistrado amplió el procesamiento del ex dictador a otras tres víctimas de la citada operación, aunque rechazó otros cuatro casos, al considerar que en ellos había "cosa juzgada". Se trata de casos que habían sido vistos anteriormente por la justicia militar, que les aplicó la ley de Amnistía dictada por el mismo régimen que encabezó Pinochet en 1978.

Pinochet está también procesado por evasión tributaria, falsificación de instrumento público, falsificación de pasaportes y omisión de bienes en declaración jurada en el juicio que lleva el juez Carlos Cerda en relación con las cuentas secretas que mantenía en el exterior.

Este martes, además, fue interrogado como testigo por el juez Claudio Pávez, que investiga el homicidio en 1992 del coronel del Ejército Gerardo Huber, hecho vinculado a un contrabando de armas del Ejército a Croacia, en ese entonces bajo embargo de Naciones Unidas a causa de la guerra de los Balcanes.