Tensión en las vísperas electorales bolivianas

Las amenazas de un golpe de Estado y el escándalo derivado del desmantelamiento de misiles donados por China a Bolivia han logrado en los últimos días, a apenas dos semanas de las elecciones generales, aumentar la ansiedad y zozobra en que viven los bolivianos. El país está convocado a las urnas el próximo 18 de diciembre para elegir presidente, vicepresidente, 157 parlamentarios y nueve prefectos.

En el primer caso, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Román Loayza, en declaraciones al periódico local El Diario Exterior, aseguró que el candidato de su partido, Evo Morales, "va a ser presidente de a buenas o de a malas.

Hemos conversado con algunos militares y policías" sobre el supuesto de que no logre la victoria en las urnas. El político izquierdista señaló que si el principal rival político de Morales, el conservador Jorge Quiroga, "es presidente, entonces las organizaciones vivas no van a permitir ni siquiera seis meses de mandato, desatando movilizaciones no pacíficas". "Con toda sinceridad, si no nos dejan gobernar democráticamente entonces tiene que ser a la fuerza", aseguró el dirigente campesino, quien recordó lo ocurrido con los últimos dos mandatarios, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, que fueron expulsados del poder por las revueltas populares.

Las polémicas declaraciones provocaron la reacción inmediata del candidato de Podemos aludido, Jorge Quiroga, que denunció que su adversario político había confesado la existencia de una conspiración y pidió que fuera investigada. Poco después, la fiscalía general recibió el encargo del presidente, Eduardo Rodríguez, de investigar esta supuesta llamada a un golpe de Estado.

El MAS, por su parte, anunció un juicio político contra el presidente Rodríguez por la polémica entrega a Estados Unidos de 28 misiles HN-5 tierra-aire, donados por China a las Fuerzas Armadas bolivianas para desactivarlos por razones diversas y contradictorias, esgrimidas tanto por el Gobierno como por los militares. El cruce de declaraciones generaron malestar entre los miembros de la entidad castrense. Estados Unidos propicia la destrucción de misiles portátiles antiaéreos en el mundo desde el año 2003.

Estas tensiones políticas se suman a las manifestaciones diarias de protesta de distintos grupos sociales en las calles de La Paz y se agudizan con los actos de campaña de los distintos candidatos que, el pasado fin de semana, se disputaron metro a metro la superficie de plazas y paseos para instalar mesas con material propagandístico y banderas para conquistar electores.

La tendencia de voto recogida por las encuestas, no siempre fiables, augura la victoria de Morales, un líder indígena que se ha identificado con los presidentes de Venezuela y Cuba, Hugo Chávez y Fidel Castro, respectivamente, por su lucha antiimperialista, y ofrece la nacionalización de los recursos naturales y la despenalización de la hoja de coca.

En segundo lugar, a poca distancia, se encuentra el ex presidente (2001-2002) Jorge Quiroga que, desde el centro-derecha, ofrece una política social que mejore sustancialmente las condiciones de vida del boliviano, uno de los ciudadanos más pobres de la región latinoamericana.

El industrial del cemento Samuel Doria Medina, tercero en las encuestas, promete atención a los artesanos y empresarios para estimular las exportaciones como base de crecimiento económico. Es probable que en sus manos esté la decisión final de elegir, con los votos que logre en el Parlamento, al presidente de Bolivia, si es que ninguno llega a obtener —como ha sucedido desde 1979— el 50% más uno de los votos en las urnas, como manda la Carta Magna.

Entre los restantes cinco candidatos destacan los representantes del Movimiento Indígena Pachakuti, el aymará Felipe Quispe, y del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Michiaki Nagatani, oriundo de las colonias japonesas instaladas por emigrantes en los años cincuenta del siglo pasado en el oriente boliviano.

Las elecciones, ensombrecidas por las denuncias del MAS de manipulación, serán vigiladas por un ejército de observadores: 150 delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) y unos 5.000 bolivianos. En ellas se calcula que participarán cerca de 3,5 millones de electores.