Juicio a las 'maras' por terrorismo

En El Salvador se cometen diariamente nueve homicidios como promedio, pero en ocasiones, como el pasado sábado 18 de junio, la cifra llegó a 23. En lo que va de año se han registrado 12 masacres e innumerables muertes macabras.

El Gobierno de Elías Antonio Saca prometió "un país seguro" y tiene en marcha cuatro planes contra la delincuencia. Sin embargo, cada día la violencia se cobra más vidas. La última iniciativa gubernamental para tratar de frenar la criminalidad está ya en vigencia: acusar de terrorismo a los pandilleros o miembros de maras que no sólo asesinen sino que cometan otros delitos comunes como tenencia de armas y extorsión.

La nueva medida, dada a conocer el pasado lunes por el viceministro de Seguridad y por el subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila y Pedro González, respectivamente, ya está enfrentando a los órganos ejecutivo y judicial. Los funcionarios del Gobierno justifican la medida basándose en el artículo 343 del Código Penal, que tipifica y sanciona el terrorismo con prisión de 5 a 20 años de cárcel. Sin embargo, algunos jueces creen que para que haya terrorismo debe haber subversión grave de la seguridad del Estado por causas políticas, algo que no sucede con las actividades de las pandillas.

El martes fue asesinado por presuntos miembros de maras un destacado futbolista local, William López. Dos sospechosos del homicidio, ejecutado con arma de fuego, han sido capturados. El subjefe de la policía salvadoreña anunció que serán los primeros en ser procesados como terroristas. Pero ni la fiscalía ni los jueces están de acuerdo y afirman que, en todo caso, se les puede procesar por homicidio agravado, cuya pena podría llegar a los 35 años de cárcel.

Roberto Burgos, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), explicó que el hecho de que el Gobierno impulse continuamente planes contra la inseguridad pública sin llegar a resolver el problema muestra su ineficacia. El plan llamado Súper Mano Dura y la acusación de terrorismo a los delincuentes comunes no funcionan porque "realmente no se privilegia la prevención del delito ni la investigación, y lo que es peor, esas posiciones llevan sesgos ideológicos".

Los partidos de izquierda, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), coinciden con dicho planteamiento y aseguran que son intentos de "retornar al pasado represivo".

De acuerdo a los registros policiales, entre enero y mayo del presente año se han cometido 1.335 homicidios, en su mayoría con armas de fuego. La policía estima que la mayoría de los delitos son atribuibles a las maras.

Según el Banco Mundial (BM) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Salvador es una de las naciones más peligrosas y violentas de América Latina, con una tasa de homicidios de 50 por cada 100.000 habitantes, el doble de la media latinoamericana.

Una de las opciones que distintos sectores locales e internacionales han recomendado al Gobierno salvadoreño es el desarme de la sociedad. Se cree que hay en circulación más de 450.000 armas en manos de civiles, mientras que las instituciones militares y policiales tienen efectivos que en conjunto no sobrepasan los 40.000 miembros.