Haití y Bangladesh son los dos países más corruptos del mundo, según un estudio

La organización Transparency International (TI) ha hecho público hoy en Madrid su Indice de Percepción de la Corrupción 2004, en el que aparecen catalogados 146 países. Según este ranking, el país más corrupto del mundo es Haití y el menos corrupto Finlandia, mientras que España se sitúa en el puesto 22 junto con Francia. La organización denuncia que la corrupción es una de las causas principales de la pobreza y uno de los motivos por los que en los países productores de petróleo la riqueza generada por el oro negro no llega a su población.

Transparency International es una ONG fundada en 1993 en Berlín por analistas políticos y económicos para combatir la corrupción financiera y sus consecuencias en el desarrollo. Según Antonio Garrigues Walker, presidente de la Fundación Ortega y Gasset, que colabora con TI y en especial con su sección española, "no hay nada que deteriore más los sistemas económicos que la corrupción" que es, a su juicio, "una clara causa de la pobreza". Garrigues ha subrayado que "en todo sistema hay corrupción". De hecho, según las estimaciones de TI, las pérdidas en todo el mundo por sobornos en contrataciones de gobiernos alcanzan los 400.000 millones de dólares al año.

De la misma opinión se ha mostrado el profesor Manuel Villoria, quien ha subrayado que la corrupción "es uno de los factores que mejor explica la pobreza en muchos países y su dificultad para salir del subdesarrollo". Por ello, ha advertido de que, si se quieren alcanzar los Objetivos del Milenio para 2015 de reducir a la mitad la pobreza en el mundo, es "necesario luchar contra la corrupción" a todos los niveles. El índice de este año, el décimo que realiza el organismo, es el más completo ya que incluye 146 países frente a los 133 de 2003. De los 146, 106 "suspenden, ya que están por debajo de los cinco puntos" sobre el total de 10 del baremo realizado, ha explicado Villoria, para subrayar que la situación es aún más complicada en 60 de estos países donde su puntuación es inferior a tres puntos, lo que pone de relieve que en ellos "la corrupción es sistemática" y afecta a todas las esferas.

La corrupción y el 'oro negro'

Los países donde se percibe que existe una mayor corrupción son: Haití y Bangladesh (1,5); Nigeria (1,6); Chad y Birmania (1,7); Azerbayán y Paraguay (1,9), seguidos por Angola, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Georgia, Indonesia, Tayikistán y Turkmenistán (2). En cuanto a los países donde se percibe que la corrupción es menor, entre ellos predominan los países occidentales y sobre todo los del norte de Europa. Así encontramos que el mejor situado es Finlandia (9,7), seguido de Nueva Zelanda (9,6); Dinamarca e Islandia (9,5), Singapur (9,3), Suecia (9,2) y Suiza (9,1). España, junto con Francia, ocupa este año el puesto número 22, con 7,1 puntos, mientras que Reino Unido está en el undécimo puesto y Estados Unidos en el decimoséptimo junto con Bélgica e Irlanda.

La organización ha hecho un especial hincapié en los malos resultados logrados por la mayoría de los países exportadores de petróleo, donde "las contrataciones públicas en el sector del petróleo mueven cantidades de fondos que acaban en los bolsillos de ejecutivos del petróleo occidentales, intermediarios y funcionarios locales" pero no repercuten en la población local y en su desarrollo, afirma el presidente de TI, Peter Eigen, en el documento que acompaña el estudio. Para hacer frente a la corrupción en este sector, el más corrupto a nivel mundial, TI insta a los gobiernos occidentales a que obliguen a sus empresas petroleras a que hagan públicos los honorarios, regalías y otros pagos que hacen a los gobiernos y empresas petroleras locales para conseguir contratos y licitaciones.

Sin embargo, y pese a que la Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tipifica el soborno como delito, la legislación nacional de algunos países permite "bajo ciertos eufemismos realizar ciertos pagos" que se suelen tipificar dentro lo que se denominan gastos generales o sin justificar y que en el caso de España pueden ser de hasta el 5%, ha precisado Jesús Sánchez Lambás, secretario general de la Fundación Ortega y Gasset. Para combatir este vacío legal, que en algunos países permite incluso que se desgraven estas cantidades, ha pedido que se especifique con detalle a qué se han destinado esos "gastos sin justificar".