Indulto para los últimos presos políticos de Chile

El Senado chileno aprobó ayer un proyecto de ley que permitirá otorgar un indulto general a todos los presos políticos que hayan sido condenados por delitos subversivos no terroristas y que hayan cumplido al menos 10 años de sus condenas. Por su parte, el Tribunal Supremo rechazó hoy la reapertura del proceso por el asesinato en 1976 del diplomático español Carmelo Soria, con lo que el caso se cerró definitivamente.

El perdón, impulsado por el gobierno de centro-izquierda del Ricardo Lagos, se produce después de que siete de los presos que van a ser indultados enfermaran peligrosamente durante una huelga de hambre que mantuvieron de abril a junio.

La nueva normativa permitirá que casi la totalidad de los presos políticos chilenos dejen las cárceles. De los 36 actualmente condenados, 32 recuperarán su libertad. Los restantes cuatro no pueden acceder al beneficio por haber participado en delitos terroristas.

Las trabas para el indulto

El proyecto había sido votado en dos ocasiones anteriores antes de ser definitivamente aprobado. El primer revés de la iniciativa se produjo el pasado 24 de junio. Una semana después, y a pesar de que el presidente chileno indultó a uno de estos reos para enviar una señal al Congreso, los legisladores volvieron a aprobar el proyecto de ley sólo parcialmente, pues se excluía a los presos políticos acusados de terrorismo.

En la votación de ayer la iniciativa obtuvo 26 votos a favor, 15 en contra y tres abstenciones y beneficiará a todos aquellos que hayan cometido delitos de esta índole posteriores al final de la dictadura de Augusto Pinochet, es decir, a partir del 11 de marzo de 1990.

Para poder ser indultados, los presos políticos deberán enviar una carta de solicitud al Ministerio de Justicia en la que se comprometan a no reincidir en delitos terroristas y no podrán salir de Chile durante cinco años, período en el que estarán bajo el régimen jurídico de libertad vigilada. Sus familiares recibirán las pensiones y ayudas que otorga la Ley de Reparación a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Se cierra el caso Soria

La decisión adoptada por la máxima autoridad judicial chilena de no reabrir el caso del diplomático español, acaba con la última posibilidad de recurso. La resolución fue adoptada por la sala penal del alto tribunal, y confirmó el dictamen del juez especial José Benquis. El magistrado consideró el pasado 1 de julio que el asunto era "cosa juzgada" puesto que el caso había sido archivado en 1996 por aplicación de la ley de amnistía de 1978.

Carmelo Soria, que residía en Chile desde el final de la guerra civil española (1936-1939), fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago. Según consta en el proceso, Soria fue asesinado por miembros de la Brigada Mulchén de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA),la policía secreta de Pinochet.

El caso Soria había sido reabierto en octubre de 2003 por la hija del diplomático español, Carmen Soria. Su querella contra Augusto Pinochet fue presentada en el marco de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la cual la familia Soria acusó al Estado de Chile de denegación de justicia por el cierre del caso en 1996.

"Con la resolución de la Corte Suprema se consagró hoy la impunidad penal en el caso Soria", dijo a EFE el abogado Alfonso Insunza, representante en Chile de la familia del funcionario de Naciones Unidas. El abogado agregó que el caso, sin embargo, sigue su curso en España, "donde el juez Baltasar Garzón ha despachado órdenes de detención internacional en contra de Pinochet y otros involucrados", indicó.

Pese a la derrota en el campo penal, este martes entró a trámite en el Parlamento el acuerdo entre el Gobierno de Chile y Naciones Unidas que obliga a pagar una indemnización de 1,5 millones de dólares a la familia Soria, acuerdo pactado en el marco de las reclamaciones ante la CIDH.

El acuerdo, que debe ser ratificado por el Congreso, establece además la entrega de una declaración pública del Gobierno de Chile en la que reconoce la responsabilidad del Estado por la acción de sus agentes en la muerte de Soria, así como la orden de levantar una obra que recuerde su memoria en un lugar designado por su familia.