El Consejo de Gobierno apuesta someter a Sadam a un juicio "abierto y público" en Irak

"Señores y señoras, lo tenemos". Con estas palabras, el administrador civil de Irak, el estadounidense Paul Bremer, anunciaba hoy la detención del ex presidente del país, Sadam Husein. El Pentágono lo trasladó inmediatamente a Bagdad, donde pasó menos de una hora, y luego se lo llevó a un lugar secreto al sur del país. Queda por dilucidar ahora su destino, y quién lo juzgará.

El Consejo de Gobierno que rige el país de forma provisional bajo la tutela de Washington anunció hace unos días la aprobación del estatuto del Tribunal Especial Iraquí, con la intención de que juzgue a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Evidentemente, esta corte sólo tendrá en cuenta las atrocidades cometidas durante el régimen del Partido Baaz, de 1968 a hasta su caída la pasada primavera.

Juzgarle en Irak

Adnan Pachachi, presidente de turno del Consejo, ha afirmado hoy que Sadam Husein será enjuiciado por este tribunal en un proceso abierto y público. Sin embargo, el jefe militar estadounidense en Irak, Ricardo Sánchez, ha señalado que aún no han decidido que harán con Sadam Husein.

En Irak, el ex presidente iraquí podría ser juzgado por las barbaridades que cometió en las guerras contra Irán (1980-1988) y Kuwait (1990-1991). No se trata sin embargo de una corte internacional, y no comenzará a funcionar hasta el próximo mes de junio. Hasta ahora, los primeros acusados iban a ser Tarek Aziz, ex ministro de Asuntos Exteriores; el ex vicepresidente Taha Yasin Ramadan; y Alí Hasan al Majid, alias Alí el Químico, por ser quien dirigió los ataques con gases venenosos en el pueblo de Halabja, en el Kurdistán, en los que perecieron miles de personas. Pero no faltan sospechosos: Estados Unidos mantiene bajo detención a 38 de los 55 principales dirigentes del régimen baazista incluidos en la famosa baraja.

Pena de muerte

Las normas por las que se regirá han sido establecidas por el Consejo con el asesoramiento de la Autoridad Provisional de la Coalición, que dirige Bremer, y de juristas extranjeros con experiencia en los tribunales que juzgan los crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia, Timor Este y Sierra Leona. No obstante, todos los magistrados y fiscales serán de nacionalidad iraquí, y se aplicará el Código Penal iraquí de 1969 y otras decisiones de las cortes internacionales de justicia. La pena de muerte fue suspendida hace tres meses por decisión de Bremer.

Varias organizaciones de derechos humanos han expresado severas críticas contra el proyecto, y sobre todo ante la eventualidad de que se pueda aplicar la pena capital. Human Rights Watch, por ejemplo, ha apuntado que el proceso puede convertirse en un "show político", mientras que International Center for Transitional Justice, una ONG con sede en Nueva York, incide en que se necesita "mucha más implicación de la ONU en este tribunal".