España presenta ante la UE una propuesta para eximir a EE UU de la CPI

España presenta hoy en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE) una propuesta para excluir al personal militar y diplomático de Estados Unidos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Estados Unidos se niega a respaldar el CPI, porque teme que sus ciudadanos puedan ser denunciados ante esta institución para responder de crímenes contra la Humanidad.

El Gobierno español, según fuentes diplomáticas, desea que los Quince adopten una posición común que permita compaginar el espíritu del Tratado de Roma, que dio origen a la CPI, y el respaldo de EE UU a esta institución, para lo que es necesario vencer los "recelos" estadounidenses, cuyo Ejecutivo solicita inmunidad para todos sus ciudadanos y está llegando a acuerdos bilaterales con terceros países en los que éstos le garantizan que no emprenderán acciones legales ante ese tribunal contra ciudadanos estadounidenses.

Ante esta situación, el Gobierno español pretende que la UE adopte una posición común que permita a sus socios la firma de acuerdos bilaterales con EE UU en virtud de los cuales los militares y diplomáticos de este país queden eximidos de comparecer ante la CPI y pasen a ser entregados a las autoridades estadounidenses. El Ejecutivo español no considera fácil que ese objetivo pueda alcanzarse en la reunión que se celebra hoy en Bruselas, pero seguirá insistiendo para que haya una posición común de los Quince al respecto y esperará hasta entonces antes de estudiar la firma de un acuerdo bilateral con EE UU en ese sentido.

"Máximo acomodo"

A principios de septiembre, la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, ya anunció la posibilidad de que la UE adoptara una posición común que permitiera acceder a una parte de la petición de Estados Unidos, concretamente en lo relativo a la exclusión de militares y diplomáticos. Palacio apeló a la necesidad de "tener claros los principios" de la Corte Penal Internacional, cuya "razón última" es "que no queden impunes crímenes contra la Humanidad", y subrayó que "EE UU y Europa están en la misma batalla, en el mismo barco", y deben por tanto darse la mano por muchas diferencias que tengan.

Para allanar el camino, la ministra defiende la necesidad de estudiar las reivindicaciones de Washington "con ánimo de buscarles el máximo acomodo" dentro del Tratado de Roma, y se ha mostrado a favor de recurrir al artículo 98.2, que prevé "la posibilidad de acuerdos bilaterales con países no signatarios, como EE UU, en los que se establezca la exclusión de la Corte a determinadas categorías de personas".