El Parlamento peruano decide hoy si acusa a Fujimori por delitos contra la humanidad
El ex presidente podría ser extraditado por Japón si la acusación prospera
La acusación constitucional contra Fujimori, refugiado en Japón desde noviembre, ha sido planteada por una comisión legislativa que, tras una investigación, ha concluido que existen indicios razonables de que el ex gobernante (1990-2000) cometió los supuestos delitos de homicidio cualificado, lesiones graves y en casos de desapariciones.
En el Congreso resultante de las elecciones generales del 8 de abril pasado, de 120 miembros, hay un predominio casi total de los grupos políticos que fueron oposición al Gobierno de Fujimori, por lo que los observadores consideran que la acusación será aprobada en la sesión parlamentaria extraordinaria convocada para las seis de la tarde de hoy hora local (11.00 hora española).
Entre las conclusiones de la comisión legislativa está la presunción de que el ex presidente conoció y autorizó la matanza de quince personas en la zona limeña de Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991, y de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, el 18 de julio de 1992.
El grupo ejecutor de las matanzas, denominado Colina, actuó en Barrios Altos y La Cantuta por sospechar que las víctimas formaban parte de la guerrilla peruana Sendero Luminoso. Los quince asesinados en Barrios Altos participaban en una reunión social en una vivienda cuando irrumpieron los miembros del grupo Colina y dispararon de forma indiscriminada, y en La Cantuta las diez víctimas fueron secuestradas en el recinto universitario y después asesinadas y enterradas clandestinamente.
El congresista Daniel Estrada, presidente del grupo investigador y que será el encargado de fundamentar la acusación ante el plenario del Congreso, afirmó ayer que el comité investigador obtuvo pruebas testimoniales que establecen que Fujimori tuvo conocimiento de los crímenes masivos antes, durante y después de que se cometieran.
Estrada ha añadido, en declaraciones a la prensa, que otra de las conclusiones a las que ha llegado la comisión es que ambos hechos deben ser considerados como "crímenes de lesa humanidad". Ha precisado que, como tales, son delitos internacionales "perseguibles universalmente".
La sesión plenaria del lunes en el Congreso es extraordinaria y ha sido convocada especialmente para debatir la acusación constitucional contra Fujimori, que, de aprobarse, dará como resultado el levantamiento de la inmunidad del ex gobernante para que sea procesado por la justicia. De este modo, Japón debería conceder la extradición del ex presidente peruano para que sea juzgado en Perú.
Si ello ocurre, como parece muy probable, el Ministerio Público será el encargado de denunciar al ex presidente peruano ante el Poder Judicial. Fujimori, por su parte, ha reiterado en diversas ocasiones que no volverá a Perú porque considera que es víctima de una persecución política.
Estrada ha explicado que a Fujimori se le había "notificado legalmente" por diversos medios, "de acuerdo a las reglas que impone la ley y en este caso el reglamento del Congreso", para que se presentase ante la comisión y ante el plenario para ejercer su defensa, lo que no ha hecho. Ha añadido que el ex mandatario tiene derecho a asistir mañana personalmente al plenario o hacerse representar por un abogado para defenderse.
Cadena perpetua
Alberto Fujimori ha afirmado hoy que sus enemigos políticos en Perú pretenden condenarle a cadena perpetua, implicándole sin pruebas en dos matanzas cometidas por militares durante su Gobierno.
En un artículo escrito en su página web en Internet, desde Japón, donde se refugió en noviembre pasado, Fujimori se ha defendido de la acusación constitucional que será resuelta hoy por el Congreso, en la que se le acusa de ser "coautor" de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridas en 1991 y 1992, respectivamente, y en las que murieron 25 personas.
Esta nueva acusación, según Fujimori, ha sido planteada debido a que las acusaciones que le hicieron por presunto enriquecimiento ilegal han concluido en que él y sus familiares no poseen cuentas bancarias, acciones de empresas, propiedades, ni lingotes de oro, en el exterior.
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