Alemania advierte a España de que la ampliación de la UE no tendrá compensaciones económicas
El Gobierno español cree que la incorporación de los países del Este puede provocar que las regiones más pobres pierdan las ayudas comunitarias
"España está ahora aprovechando la ampliación hacia el Este para tratar de asegurarse ayudas estructurales de cara al futuro, y está creando una relación entre los dos temas que considero indebida", ha dicho Eichel ante la prensa en Berlín durante la presentación de las predicciones de recaudación fiscal para este año y el próximo.
El Gobierno español quiere que los Quince reconozcan que la ampliación provocará un problema para muchas regiones, que pasarán a ser estadísticamente más ricas, y por tanto podrían perder fondos estructurales y de cohesión de la UE. Quiere además que el Consejo de la UE pida a la Comisión Europea que presente el próximo semestre propuestas para hacer frente a este problema.
El ministro alemán ha hecho alusión a España de manera marginal para mostrar los riesgos presupuestarios que tiene por delante la UE y para los cuales, según el ministro, el Gobierno federal alemán tiene que prepararse.
En Madrid, el presidente del Gobierno español, José María Aznar, ha aclarado que España apoya "sin reservas" la ampliación de la UE y no pretende "bloquear nada" ni debatir ahora los fondos de cohesión, sino que pide el reconocimiento político de los Quince de que existe un problema con este asunto.
El Gobierno español pretende "una declaración política que reconozca que cuando se produzca la ampliación vamos a tener un problema", ya que Extremadura o Andalucía tendrán "el mismo nivel de renta que tienen porque entren otras regiones pero no van a ser más ricas por ello".
El presidente del Gobierno ha dicho que España no desea "bloquear nada, sólo que se reconozca un problema político que al final tendrá una salida lógica, como todos los problemas de la UE"
Hasta ahora, las perspectivas financieras de la UE, que incluyen el capítulo dedicado al Fondo, se han aprobado siempre por unanimidad de todos los Estados miembros. Las últimas, para el periodo 2000-2006, se aprobaron en Berlín, y a España le correspondieron 9,3 billones de pesetas, entre fondos estructurales y Fondo de Cohesión. En la cumbre de Niza hubo una fuerte presión de los países más ricos, especialmente Alemania, para que esas perspectivas presupuestarias pasaran a ser aprobadas por mayoría cualificada.
España presentó entonces una fórmula intermedia, según la cual las perspectivas financieras se aprobarían por última vez por unanimidad para el periodo 2007-2013 y a partir de entonces se haría por mayoría cualificada. Con esa fórmula, España se aseguró que sólo a partir de 2013 se distribuirían los fondos por mayoría, pero seguía conservando el poder de bloquear cualquier decisión relativa al periodo 2007-2013.
El pasado lunes, Suecia presentó al Consejo de Asuntos Generales de la UE una propuesta que reconocía el problema e invitaba a la Comisión "a profundizar en el análisis de las condiciones económicas, sociales y estructurales de la ampliación, incluyendo las cuestiones planteadas por el memorándum enviado por el Gobierno español en abril", y a presentar un informe al Consejo.
La propuesta no obtuvo la aprobación de los ministros. España y Portugal deseaban una fecha límite para el mandato a la Comisión, mientras que otros "siete u ocho" consideraron esta declaración excesivamente precisa.
La cuestión fue tratada el miércoles de nuevo por el Coreper, donde volvió a apreciarse que la posición más contraria a la petición española es la alemana, según fuentes diplomáticas. La presidencia sueca puso fin al debate y convocó una nueva reunión, recordando además que los embajadores tienen un mandato de los ministros que les
obliga a solucionar esta cuestión.
Otras fuentes apuntaron que varias delegaciones, entre ellas Francia, Austria, Finlandia, Holanda e Irlanda, mostraron reticencias a que se singularice excesivamente el problema español, y no todos los problemas políticos que plantea la ampliación.
En el caso de Francia, su principal preocupación es la Política Agrícola Común, pero tampoco quiere dejar de lado los problemas políticos y financieros que se plantearán en otras políticas, como la de medioambiente, la de investigación y desarrollo y la de programas de intercambio cultural y educativo.
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