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LOS PROBLEMAS DE LOS EMIGRANTES

La colonia española en Ecuador solicita la eliminación del 'censo' policial a los residentes

Los emigrados se quejan de soportar largas colas para actualizar sus datos y de que la Policía se lucre con este trámite.- Comparan este trato con la "situación de bienestar" en la que viven los ecuatorianos en España

El presidente de la Asociación, Pedro Luna, en una carta dirigida al ministro de Gobierno (Interior), Juan Manrique, ha recordado que la policía de Migración de Ecuador instituyó hace años un censo que emitía un documento básico para los residentes.

"Es lamentable que todos los años debamos ver las mismas lamentables escenas, ríos de gente haciendo cola, incluso por varios días inclusive, para cumplir con un trámite que no está tipificado ni reglamentado en ley alguna" de Ecuador, señala la carta.

"En lugar de ser un censo, una actualización de datos, se ha convertido en una acostumbrada y lucrativa fuente de ingresos para la Policía. Sin recibir los residentes, a cambio, una mejora en el servicio, los agentes cobran recargos y multas que muchas veces no sabemos de dónde salen", añade la carta.

Luna agrega que en un país como Ecuador, que necesita atraer inversiones y turistas, "servicios como el que exige en este caso la Policía Nacional deben ser eliminados o al menos sustancialmente mejorados".

La Asociación de españoles residentes en Ecuador, conocida como España sin fronteras, también asegura que el trato que reciben los españoles en Ecuador "no es recíproco con la situación de bienestar en la que vive la mayoría de ecuatorianos que residen en la Península".

La comunidad española en Ecuador asciende a 9.000 personas, "cifra que contrasta con los casi 300.000 que tiene la colonia ecuatoriana en España", anota el comunicado.

Debido a los antecedentes enunciados por la Asociación de españoles, Luna solicita al ministro Manrique que acceda a una revisión del mecanismo de censo de migración, "para que sea una herramienta eficaz para la inscripción y actualización de datos de los inmigrantes y no un atentado a su dignidad".

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