El convoy de residuos radiactivos francés llega al cementerio nuclear alemán de Gorleben
El Ministerio del Interior estudia demandar a las organizaciones ecologistas
Centenares de ecologistas alemanes, que protestan por lo inutil y peligroso de este tipo de transportes, dificultaron ayer la llegada del convoy a Dannenberg con acciones como las de Marie, un chica de 16 años que se pegó la mano a la vía con hormigón para evitar el paso del tren. El convoy llegó en la noche de ayer a la ciudad alemana, de donde ha salido esta mañana en camión hacia su destino final. Este último tramo, de apenas 20 kilómetros por carreteras comarcales, fue el que más problemas originó en el último traslado, en 1997, por protestas similares.
La operación ha comenzado mucho antes de lo esperado, con el fin de ganar tiempo y sorprender a los manifestantes que pudieran querer bloquear el paso de los camiones. Sin embargo, el transporte se realizó "con toda rapidez y sin ningún incidente", según la Policía, y a la llegada al cementerio apenas una veintena de antinucleares se había reunido ante sus puertas.
Gorleben ha sido tomado por un impresionante contingente de agentes antidisturbios y tanquetas policiales.
En los pasados días, los 18.000 policías que protegían el convoy se vieron superados por las tácticas de guerrilla de los ecologistas, 110 de los cuales han sido detenidos.
Acciones legales
A causa de estos incidentes el ministro alemán de Interior, Otto Schily, ha anunciado que se estudiará la posibilidad de emprender acciones legales contra las organizaciones ecologistas como Greenpeace por su participación en las protestas, ya que éstas "no tienen un permiso especial para cometer delitos".
"No dudaremos a la hora de iniciar demandas", ha asegurado Schily.
El ministro ha aludido concretamente a la acción en la que activistas del grupo Robin Wood se anclaron con cemento a la vía férrea para impedir el paso del tren con los contenedores de desechos nucleares.
Para liberarlos, la policía tuvo que realizar una operación muy costosa, con aparatos especiales, que en algunos casos hicieron necesario que se rompieran las vías, según explicó el ministro.
"En esos casos existe un derecho a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios", ha asegurado Schily, quien ha añadido que también pueden ser responsabilizadas aquellas personas que ayudaron a los activistas implicados, las que ordenaron la acción o incluso organizaciones de apoyo.
